El asesinato a golpes del estudiante Jaime Esteban Moreno tras una fiesta de Halloween en Bogotá enfrenta riesgo de impunidad: se pronunció la mamá

La amenaza de vencimiento de términos judiciales pone en riesgo la condena de los presuntos responsables del asesinato de Jaime Esteban Moreno tras una fiesta de disfraces en Bogotá, en la madrugada del 31 de octubre del 2025.

Los acusados pueden quedar en libertad porque los plazos legales para dictar sentencia están próximos a cumplirse. Si no se emite una decisión judicial antes del 20 de junio, la legislación colombiana exige la excarcelación automática de los detenidos, pese a las pruebas recabadas en su contra y la robustez del expediente, según informó la emisora nacional Caracol Radio, en el Reporte Coronell.

La noche de Halloween del 2025, Jaime Esteban Moreno fue atacado a golpes cuando salía de una discoteca por dos hombres. Las cámaras de seguridad registraron los hechos y, junto con 19 testigos, permitieron identificar a los presuntos responsables.

La Policía Judicial completó la investigación inicial dentro del tiempo estipulado. Por su parte, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en diciembre de ese mismo año, cumpliendo con los plazos legales establecidos.

Desarrollo de la investigación y proceso judicial

El proceso judicial inició en el juzgado 45 penal de Bogotá, encargado del caso y de las diligencias probatorias iniciales. Tanto las imágenes de seguridad como la abundancia de testimonios reforzaron la solidez del expediente, como detalló la emisora nacional Caracol Radio.

El avance judicial se detuvo cuando el Consejo Superior de la Judicatura, el organismo de gobierno judicial, implementó un acuerdo de descongestión judicial. Esta medida administrativa provocó la transferencia del caso a otro juzgado penal, destinada a optimizar el flujo de procesos y que ocasionó nuevas demoras.

Obstáculos judiciales y retrasos procesales

La audiencia prevista para dar seguimiento al proceso no se celebró, ya que el juez fue citado a capacitación electoral.

Este imprevisto incrementó las probabilidades de que los plazos judiciales concluyan sin una sentencia. De acuerdo con la emisora nacional Caracol Radio, el plazo fijado por la ley para mantener a los acusados bajo detención preventiva vence el 20 de junio.

Si para entonces no hay avances sustanciales o una resolución formal, el proceso penal contempla la excarcelación automática de los detenidos.

La familia de Jaime Esteban Moreno se une a esta advertencia sobre la posible excarcelación de los acusados

Sobre esta posibilidad, Mónica Jaramillo Buitrago, madre de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, reclama que la justicia en Colombia podría dar libertad a los agresores de su hijo antes de que sean condenados, tras los retrasos que ha sufrido el proceso penal desde el crimen cometido el 31 de octubre de 2025 en Chapinero. Las suspensiones recientes acortan el plazo legal para la detención preventiva, lo que amenaza con dejar el caso impune pese a la gravedad documentada del homicidio.

En ese contexto, la familia denuncia que “desafortunadamente ayer tampoco se realizó la audiencia porque el juez estaba en capacitación electoral”, lo que postergó la diligencia prevista para el 19 de mayo y acerca peligrosamente la causa al vencimiento de términos.

En entrevista con la sección Bogotá de El Tiempo, Mónica Jaramillo Buitrago relató el crimen que, según su testimonio, la familia revive cotidianamente: “Mi hijo fue asesinado el día 31 de octubre del 2025 en Chapinero, luego de salir de una fiesta. Fue asesinado a golpes y a patadas”. La agresión se dividió en dos episodios consecutivos: “Tuvo dos ataques. El primero frente al Oxxo de Chapinero y luego es perseguido y acribillado a golpes por dos homicidas”.

La madre de Jaime Esteban expresa su temor ante la posibilidad de que los acusados recuperen la libertad por dilaciones en el proceso, haciendo explícita su desconfianza en que el Estado garantice justicia. “El peligro es que estas personas salgan y no comparezcan ante la justicia. Entonces vamos a quedar con una condena de papel. Una condena sin unos detenidos”, afirmó Jaramillo al medio mencionado. Ese riesgo se vuelve inminente: “Ahora, asegura, falta apenas un mes para que se cumplan los términos que podrían permitir que los acusados soliciten la libertad”.

Esta tensión ha llevado a la familia a reclamar públicamente: “El país presenció el crimen a través de videos que se hicieron virales, estas personas son absolutamente peligrosas para que queden en libertad”.

En los registros audiovisuales se aprecia la gravedad de la golpiza: “Quiero recordarle a la ciudadanía que la primera patada que recibió mi hijo en la espalda le reventó el pulmón. Y el otro llegó y le trituró el cráneo, porque mi hijo tenía ocho fracturas en el cráneo y las manos fracturadas. Esto fue una barbarie total”, explicó la madre.

Los dos individuos señalados como autores materiales permanecen bajo custodia; Juan Carlos Suárez Ortiz fue detenido el mismo 31 de octubre, mientras Ricardo Rafael González Castro, de 22 años y oriundo de Cartagena, se entregó una semana después y está recluido en la cárcel La Ternera.

Pero el núcleo familiar sostiene que el sistema judicial exhibe obstáculos que benefician a los agresores: “Nada nos garantiza que los van a volver a recapturar, ni a condenarlos. Ese es el peligro y por eso hemos encendido las alarmas”.

Desde su testimonio, Mónica Jaramillo solicita una respuesta estatal que brinde certidumbres jurídicas y disuada futuros delitos: “Esto es lo que pedimos: una condena ejemplar, para que los jóvenes tengan una reflexión de que cuando se cometen actos de este tipo, hay consecuencias”.

El proceso penal aún enfrenta la ausencia de una tercera señalada: Kleidymar Fernández Sulbarán, ciudadana venezolana, detenida inicialmente en la noche del crimen, fue liberada y después objeto de una orden de captura dictada el 1 de diciembre de 2025.

“Desde el primero de diciembre del 2025 existe orden de captura contra ella y a la fecha no ha sido recapturada”, detalló la madre. Fernández Sulbarán figura en el cartel de los más buscados de Bogotá, sin que hasta ahora las autoridades hayan logrado ubicarla.

La indagatoria judicial se mantiene abierta no solo por este hecho, sino también por la falta de esclarecimiento del motivo del ataque. Mónica Jaramillo lamenta que “Desafortunadamente nunca hemos tenido una explicación”. Según su testimonio, ni siquiera los acusados detenidos han colaborado para identificar a la mujer prófuga ni esclarecer la razón de la violencia ejercida: “Ni siquiera, agrega, los capturados han entregado información para ayudar a ubicar a la mujer prófuga”.

En paralelo, la familia pone el acento en la solvencia de la prueba reunida: “No puede ser que teniendo unos videos, teniendo 19 testigos, teniendo una necropsia tan evidente, no exista la capacidad judicial para imponer una condena y una sanción ejemplar”.