El general (r) Gustavo Matamoros respondió a acusaciones por presuntos incumplimientos de pago a excolaboradores de su candidatura presidencial: “Fue antes de la campaña”

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió una denuncia formal que pone en cuestión la administración de los recursos y la contratación de servicios en la campaña presidencial del general en retiro Gustavo Matamoros.

El documento, divulgado por la revista Semana y entregado antes de las elecciones previstas para el 31 de mayo de 2026, solicita investigar si las gestiones económicas cumplen la normativa vigente, especialmente tras el traspaso de la gerencia entre Óscar Alonso Vélez Rojas y Gustavo Matamoros Galvis, hijo del candidato.

La denuncia, que ahora analiza el Consejo Nacional Electoral, detalla que la gerencia de campaña habría pasado de Vélez Rojas a Matamoros Galvis en una etapa clave. Señala también la posible tercerización de servicios a través de una consultora presuntamente vinculada al hijo del general, lo que, para el denunciante, cuestiona la independencia entre quienes diseñan la estrategia política y quienes manejan o contratan los recursos.

El reclamante sumó la falta de trazabilidad en la contratación y dudas sobre la sede y la estructura interna, a lo que suma inquietud por el “posible solapamiento de funciones directivas y administrativas”.

De acuerdo con el documento, “se tiene conocimiento de que diversos servicios profesionales y de asesoría relacionados con actividades de precampaña y campaña presidencial habrían sido tercerizados a través de una empresa o consultora presuntamente vinculada o representada legalmente por el ciudadano Gustavo Matamoros Galvis”.

El denunciante advierte también que la simultaneidad de roles en dirección y administración de la campaña “podría obstaculizar la supervisión de los recursos y la contratación de servicios”.

El cuestionamiento se extiende a la transparencia en la identificación de ingresos y egresos, y a la legalidad de los vínculos contractuales anteriores y posteriores a la inscripción formal de la candidatura, registrada el 13 de marzo de 2026 ante el Consejo Nacional Electoral.

La campaña de Matamoros responde con promesas de transparencia y revisión documental

En respuesta, Gustavo Matamoros Camacho difundió un comunicado público con fecha del 20 de mayo de 2026,donde abordó los señalamientos en detalle, recalcando su compromiso con la legalidad en la gestión financiera y contractual.

El candidato aseguró que “la campaña ha actuado con absoluto rigor, transparencia y responsabilidad en el manejo de sus recursos, procurando que toda fuente de financiación sea legítima, verificable y debidamente reportada en los tiempos y formas previstos por la normativa aplicable”, según el texto oficial entregado por la campaña a los medios de comunicación.

La comunicación oficial subraya que desde la inscripción de la candidatura “no ha incumplido, desconocido ni defraudado contrato alguno suscrito en el marco de la campaña presidencial”. Aclara que las reclamaciones por trabajos supuestamente no remunerados “habrían culminado el 28 de febrero de 2026, es decir, con anterioridad a la inscripción formal de la candidatura”.

Ante las dudas sobre contratos, el candidato informó que “la campaña se encuentra adelantando una verificación documental rigurosa, con el fin de establecer si existe algún contrato que haya sido efectivamente suscrito por la campaña, en el marco de la campaña presidencial y por conducto de su gerente, en representación de la misma”.

El general (r) aseguró en su respuesta oficial que la campaña honrará aquellas obligaciones que se comprueben como válidamente contraídas, conforme a la ley y con respaldo documental. Al mismo tiempo, sostuvo que “cualquier obligación, reclamación o compromiso que no haya sido tramitado conforme a las normas aplicables, o que no haya sido asumido formalmente por la campaña a través de sus representantes autorizados, deberá ser atendido única y exclusivamente por el tercero que lo haya contratado o promovido”.

El aspirante presidencial rechazó lo que llamó “declaraciones infundadas, descontextualizadas o malintencionadas”, y solicitó a la prensa verificar la información con la campaña antes de difundir versiones que “puedan afectar injustamente la reputación de las personas involucradas”.

En un mensaje final, la comunicación oficial de la campaña pidió a los medios y a la sociedad “contrastar directamente con la campaña cualquier información relacionada con estos hechos, a fin de evitar la difusión de afirmaciones que puedan afectar injustamente la reputación de las personas involucradas”.