La acusación formal contra Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, marca un nuevo capítulo en la lucha contra el contrabando en Colombia.
Aunque actualmente se encuentra detenido en Portugal, el presunto líder de una red criminal será juzgado en ausencia por la justicia colombiana, que lo señala como el artífice de una estructura dedicada a corromper funcionarios públicos para facilitar el ingreso de mercancía ilegal a través de los principales puertos del país.
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El proceso penal contra Marín Buitrago, que también es apodado como ‘el zar del contrabando’, se reactivó tras la resolución de una apelación presentada por su defensa.
El 27 de junio, un juzgado de Bogotá permitió que la Fiscalía avanzara con la acusación, en la que se detallan diecisiete hechos criminales atribuidos al acusado, ocurridos entre septiembre de 2023 y marzo de 2024.
Según la Fiscalía, Marín Buitrago habría liderado una organización dedicada al contrabando de cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y calzado, valiéndose de la complicidad de funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
La investigación sostiene que el acusado ofrecía sobornos a los uniformados para que permitieran el paso de cargamentos ilegales sin ningún tipo de control aduanero.
Los pagos, según el ente acusador, ascendían a $3.500.000 para patrulleros y $5.000.0000 de pesos para oficiales en cargos administrativos.
En total, la Fiscalía documentó trece entregas de dinero, tres de celulares de alta gama y una de un vehículo, sumando $1.019 millones en coimas. Estos sobornos se habrían entregado durante reuniones en hoteles y restaurantes de Bogotá, Cali y Cartagena, con el objetivo de asegurar la colaboración de los funcionarios públicos.
Entre los intermediarios identificados por la Fiscalía figuran Juan Francisco Solano Barrero, alias Pacho, responsable de las operaciones en Cartagena; Ricardo Orozco Baeza, líder en Buenaventura; el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, oficial activo de la Polfa señalado como enlace entre Marín Buitrago y los líderes de la organización; el teniente coronel en retiro Alexander Galeano Ardila, supuesto intermediario para contactar a funcionarios; y José Helí Alzate Moncayo, exuniformado de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) encargado de transportar y entregar sumas de dinero destinadas a sobornos.
La Fiscalía subrayó que, ante los frecuentes cambios de personal en la Polfa, Marín Buitrago ordenaba contactar anticipadamente a los nuevos funcionarios y “les daba la bienvenida con sobornos, para que se comprometieran con sus negocios ilegales desde antes de posesionarse”. Esta estrategia permitía mantener operativas las rutas de contrabando y garantizar la continuidad de las actividades ilícitas.
Durante la audiencia de acusación, celebrada el 13 de noviembre ante el juez quinto especializado de Bogotá, Marín Buitrago participó brevemente por videollamada desde Portugal. Sus únicas palabras fueron: “Es carreta”.
La fiscal 44 especializada, a cargo del caso, afirmó que el acusado participó directamente en al menos cuatro de las reuniones irregulares y, en las restantes, a través de terceros. “Diego Marín Buitrago actuó con dolo, porque sabía de la ilicitud de su conducta”, concluyó la Fiscalía.
El expediente judicial revela que la red de Marín Buitrago operaba desde hace más de treinta años, aunque la investigación penal formal sólo se abrió en 2023. Prensa de los años noventa ya lo vinculaba con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, y lo relacionaba con el ingreso de electrodomésticos forrados en dólares, producto del narcotráfico, que luego eran lavados en el mercado negro de divisas.
El caso también ha tenido repercusiones políticas. El presidente Gustavo Petro, reconoció a comienzos de este año que en su campaña presidencial de 2022 recibió USD 115.000 (500 millones de pesos) de Marín Buitrago, aunque aseguró que ordenó la devolución de ese dinero a través de Xavier Vendrell, exdiputado independentista catalán. Hasta el momento, no se ha esclarecido si la financiación efectivamente ingresó a la campaña.
Tras enterarse de la investigación en su contra, Marín Buitrago huyó a Europa. Inicialmente se instaló en España, donde cambió varias veces de domicilio para despistar a las autoridades, y posteriormente viajó a Portugal, donde solicitó asilo político.
Fue detenido el 5 de abril de 2024 por una Orden Internacional de Detención emitida por Colombia, pero quedó en libertad condicional mientras se tramitaba su extradición. Durante ese periodo, se fugó nuevamente y fue retenido en Portugal el 3 de diciembre de 2024. Aunque el gobierno portugués ya autorizó su extradición, la decisión definitiva está pendiente de la resolución de su solicitud de protección internacional.
La justicia colombiana lo declaró en contumacia o rebeldía, lo que permite avanzar con el proceso penal en ausencia del acusado. El inicio de las audiencias preparatorias de juicio quedó fijado para el 23 de febrero de 2025 a las 8:30 a. m. en Bogotá.
La Fiscalía lo acusa de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, delitos que, según la fiscal del caso, tienen carácter agravado por comprometer la seguridad pública a través de la corrupción de servidores.
Durante la audiencia, la defensa de Marín Buitrago, encabezada por el abogado John Villamil, cuestionó la solidez del escrito de acusación y alegó que los señalamientos de la Fiscalía eran imprecisos y vulneraban el derecho a la defensa. La fiscal respondió que el documento “no era ambiguo” y que su contenido podía ser comprendido sin dificultad.
Este proceso representa el primer juicio formal que enfrenta “papá Pitufo” en Colombia, aunque su nombre ya había aparecido en investigaciones previas por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía sostiene que Marín Buitrago disponía de los recursos económicos necesarios para mantener y blindar la red de contrabando, asegurando la complicidad de funcionarios clave mediante sobornos y regalos.
La acusación detalla que, cada vez que se producían cambios en los mandos de la Policía Fiscal y Aduanera, el acusado buscaba a los nuevos funcionarios para ofrecerles dinero a cambio de permitir el paso de mercancía ilegal. Esta práctica, según el ente investigador, garantizaba la continuidad de las operaciones ilícitas y la distribución de productos sin revisión aduanera en el territorio nacional.
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