La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) presentó un documento denominado “43 caminos para cumplirle al campo. Herramientas para la Presidencia y el Congreso de la República 2026-2030”, que busca convertirse en una hoja de ruta para el fortalecimiento del sector agropecuario.
El gremio insistió en que el campo colombiano es un pilar esencial para la seguridad alimentaria de más de 50 millones de personas y advirtió sobre los retos que enfrenta el sector ante la falta de inversión y la ineficiencia institucional.
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El informe destaca que, pese al crecimiento del PIB agropecuario del 8,1% en 2024, persisten graves limitaciones derivadas de la baja ejecución presupuestal, la incertidumbre jurídica y la inestabilidad en las políticas públicas. Según el gremio, los constantes cambios normativos y la mayor intervención estatal han afectado la confianza del sector y frenado los avances en productividad.
La SAC señaló además que el presupuesto asignado para 2026 será el más bajo del último cuatrienio. Mientras en 2024 el sector contó con una apropiación de $7,7 billones, para el próximo año solo se destinarán $4 billones, lo que podría restringir la ejecución de programas clave de desarrollo rural y asistencia técnica.
Entre las 43 propuestas, el gremio plantea cinco ejes estratégicos para reactivar el agro colombiano: fortalecimiento institucional, inversión en bienes públicos, formalización laboral, estabilidad económica y desarrollo rural integral. En el primero, sugiere crear un Consejo Rector de Política Rural Agropecuaria, una instancia de alto nivel que estaría presidida por el Presidente de la República y se encargaría de definir la política general del sector.
El objetivo de este consejo sería orientar la asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación hacia proyectos que impulsen el crecimiento rural sostenible. Además, la SAC considera que esta figura permitiría mejorar la coordinación entre los ministerios, entidades territoriales y organizaciones productivas del campo.
En materia de seguridad alimentaria, la SAC advirtió que los bloqueos viales representan una amenaza directa al abastecimiento y a los ingresos de los productores. Por ello, propone impulsar un proyecto de ley estatutaria que regule el derecho a la protesta pacífica con el fin de garantizar la circulación de alimentos e insumos agropecuarios. El gremio aclaró que la iniciativa no busca restringir la movilización social, sino proteger el derecho humano a la alimentación y la estabilidad económica de las zonas rurales.
Otra de las líneas estratégicas se enfoca en la infraestructura vial rural. La SAC recordó que más del 80% de los 142.000 kilómetros de vías terciarias del país se encuentra en mal estado, lo que limita el acceso a los mercados y aumenta los costos logísticos. Por esa razón, propuso la implementación del programa “Vías para conectar al campo” y un Plan Maestro Vial para la Red Terciaria, con el propósito de mejorar la competitividad del agro colombiano.
Respecto al mercado laboral, el gremio alertó que el 83,6% de los trabajadores rurales continúa en la informalidad. En respuesta, reiteró su propuesta de crear el Contrato Agropecuario y el Jornal Agropecuario, figuras que permitirían reconocer la temporalidad de las labores del campo, ofrecer condiciones justas y ampliar la cobertura de seguridad social para los trabajadores rurales.
La SAC también expresó preocupación por las políticas regulatorias que, en su concepto, incrementan los costos de producción y afectan la rentabilidad. En ese sentido, pidió derogar la política de “Arancel Inteligente”, ya que —según explicó— el país depende de la importación de más de ocho millones de toneladas de insumos al año para la producción pecuaria. El gremio advirtió que esta medida podría alterar la estructura de costos y debilitar la competitividad del sector.
El mensaje central del documento apunta a que la consolidación de un campo próspero requiere estabilidad en las reglas de juego, continuidad en los programas exitosos y fortalecimiento técnico de las instituciones públicas. Para la SAC, el reto del próximo gobierno será construir sobre los logros alcanzados, garantizando la participación de los productores en la definición de políticas públicas que promuevan el desarrollo rural sostenible.
Finalmente, la organización hizo un llamado al Ejecutivo y al Congreso para que las propuestas sean incorporadas en la agenda legislativa del periodo 2026-2030, con el fin de avanzar hacia un modelo agropecuario rentable, inclusivo y competitivo, capaz de responder a las necesidades alimentarias del país.
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