La solicitud conjunta de varios partidos y movimientos políticos para que se convoque a la Comisión Nacional de Control Electoral ha puesto en el centro del debate la necesidad de garantizar la personería jurídica del Pacto Histórico y la transparencia en las próximas elecciones en Colombia.
Esta petición, dirigida al Procurador General, busca asegurar que el proceso electoral se desarrolle bajo condiciones de legalidad y respeto a la voluntad democrática.
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Entre los firmantes de la solicitud se encuentran el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, Progresistas, Colombia Humana y el precandidato presidencial Iván Cepeda.
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Los representantes legales que suscriben el documento son Andrea Camila Vargas de la Hoz por Colombia Humana, Gabriel Becerra Yañez por la Unión Patriótica, Carlos Alberto Benavides por el Polo Democrático Alternativo, Jaime Caicedo Turriago por el Partido Comunista Colombiano, María José Pizarro Rodríguez por Progresistas, Carolina Corcho Mejía como candidata al Senado, e Iván Cepeda Castro como precandidato presidencial.
El objetivo central de la petición es que la Comisión Nacional de Control Electoral realice un seguimiento y vigilancia efectivos sobre la solicitud de personería jurídica del Pacto Histórico.
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Los firmantes consideran que este reconocimiento legal resulta fundamental para que el movimiento político pueda participar plenamente en los próximos comicios nacionales.
Además, subrayan que la validez y el reconocimiento de los procesos de consulta previos son esenciales para proteger la voluntad democrática de las colectividades y asegurar la transparencia institucional en los actos electorales.
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En el texto de la solicitud, los partidos y movimientos instan a las autoridades electorales a mantener la validez de los procesos de consulta realizados por el Pacto Histórico. Según expresan, esto permitirá salvaguardar la voluntad democrática manifestada por las colectividades y garantizar la transparencia de los procedimientos que sustentan la participación del movimiento en las elecciones venideras.
La comunicación también incluye un llamado directo al Procurador General para que, desde su despacho, disponga las gestiones necesarias que permitan convocar a la Comisión Nacional de Control Electoral.
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Los firmantes solicitan que se reúnan los actores institucionales y políticos pertinentes y que se lideren las acciones requeridas para resolver las situaciones planteadas en la petición.
Con esta iniciativa, los partidos y movimientos buscan que se respeten los derechos políticos de sus integrantes y se refuerce la legitimidad del proceso democrático en Colombia.
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Consejo de Estado admite demanda contra personería del Pacto Histórico
El Consejo de Estado admitió una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia que busca anular la personería jurídica condicionada del Pacto Histórico, movimiento liderado por Gustavo Petro.
La acción judicial, formalizada el 7 de noviembre de 2025, podría modificar el equilibrio político dentro de la coalición y afectar la estrategia de la izquierda de cara a las elecciones de 2026, en las que Iván Cepeda es candidato presidencial.
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El tribunal examinará si el Consejo Nacional Electoral (CNE) excedió sus competencias al autorizar la fusión de Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista, Colombia Humana, Progresistas y la Minga Indígena Política y Social bajo el nombre de Pacto Histórico.
La demanda impugna dos resoluciones del CNE: la del 17 de septiembre de 2025, que aprobó la creación del partido, y la del 15 de octubre, que desestimó los recursos presentados contra esa decisión.
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Entre los argumentos, Valencia sostiene que el CNE vulneró la Constitución y la Ley 1475 de 2011 al condicionar el reconocimiento de la personería jurídica a la finalización de procesos sancionatorios pendientes.
En su escrito, la congresista afirmó: “de ninguna manera la personería jurídica se puede otorgar de forma parcial”.
Además, solicitó la suspensión provisional de los efectos de la personería jurídica condicionada para el Pacto Histórico, medida que el alto tribunal deberá resolver. El Consejo de Estado indicó que la demanda cumple los requisitos para su admisión, ya que “se indican las partes y sus representantes” y se individualizan los actos administrativos impugnados.
La notificación fue enviada al presidente del CNE, quien dispone de 30 días para responder y remitir la documentación correspondiente. También se ordenó informar a los representantes legales de los partidos fusionados y a la Procuraduría.
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