
El crecimiento exponencial en la expedición de tarjetas profesionales para contadores públicos egresados de la Fundación Universitaria San José encendió las alarmas en el sector educativo colombiano.
Según datos de la Junta Central de Contadores del Ministerio de Industria y Comercio, la entrega de estos documentos aumentó un 2.051 % entre 2021 y 2023, una cifra sin precedentes que ha generado inquietud sobre los procesos académicos y la calidad de la formación en esta institución privada con sede en Bogotá.
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El aumento abrupto en la expedición de tarjetas profesionales no forma parte directa de la investigación del Ministerio de Educación, pero sí ha despertado dudas sobre la integridad de los procesos académicos.
De acuerdo con la información obtenida por Blu Radio, la cifra de tarjetas entregadas por la Junta Central de Contadores, organismo encargado de asignar estos documentos en Colombia, pasó de ser marginal a representar un crecimiento del 2.051% en solo dos años, lo que refleja un salto inusual en el número de egresados que solicitaron la acreditación profesional ante los organismos competentes, pasando de 31 en 2020 a 667 en 2023.
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La controversia en torno a la Fundación Universitaria San José se intensificó tras la apertura de una investigación preliminar por parte del Ministerio de Educación Nacional.
La medida, formalizada mediante la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025 y firmada por el ministro Daniel Rojas Medellín, busca esclarecer presuntos incumplimientos en los procesos de graduación y en el cumplimiento de los requisitos legales para la expedición de títulos profesionales.
El detonante fue el caso de Juliana Guerrero, exaspirante al Viceministerio de Juventudes, que recibió un diploma profesional sin que existieran registros de notas, asistencia o historia académica. Este hecho llevó a la anulación de su título y a una revisión más amplia de los procedimientos internos de la universidad.
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Este fenómeno coincide con la implementación del programa “Hazte Profesional”, un modelo académico intensivo que permite a los estudiantes homologar estudios previos y completar una carrera en periodos de entre diez y veinte meses.
Aunque el Ministerio de Educación aprobó inicialmente este programa, su ejecución ha generado interrogantes sobre la calidad y rigurosidad de los procesos formativos. La puesta en marcha de este modelo habría sido clave en el incremento de graduados y, por ende, en la demanda de tarjetas profesionales.
La Fundación Universitaria San José también ha promocionado conceptos como “Neoeducación” y se presenta como la “primera NeoUniversidad de Latinoamérica”.
Sin embargo, el Ministerio de Educación, en respuesta a una consulta de El Colombiano, aclaró que “a la fecha, el ordenamiento jurídico colombiano no contempla o desarrolla una figura o modelo denominado ‘Neoeducación’ o ‘Neouniversidades’ como modalidad diferenciada de formación”, según consta en una carta firmada por Martha Elena Hernández Duarte, subdirectora técnica de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.
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El impacto de estos modelos se refleja también en el crecimiento de la matrícula. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), la matrícula total de la Fundación Universitaria San José pasó de 1.768 estudiantes en 2020 a 5.656 en 2024, lo que representa un incremento del 219,8%.

El aumento fue aún más pronunciado en los programas profesionales, que pasaron de 485 a 3.753 estudiantes en el mismo periodo, equivalente a un 673,7% de crecimiento.
No obstante, el volumen de estudiantes no se traduce necesariamente en calidad académica. La Fundación Universitaria San José ocupa el puesto 239 entre 267 instituciones de educación superior cuyos estudiantes presentaron el examen de Estado en 2024. A pesar de ello, la universidad sostiene en su página web que forma parte de los mejores resultados en dichas pruebas.
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La investigación del Ministerio de Educación no se limita al caso de Juliana Guerrero. La cartera educativa identificó otras dos situaciones que podrían implicar la entrega irregular de títulos.
Una de ellas involucra a Laura Julieth Martínez Morales, creadora de contenido y contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que habría recibido el diploma de ingeniera industrial dos días antes de presentar las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse en Colombia.
El otro caso es el de Carlos Alberto Mendoza Siachoque, publicista vinculado a la Alcaldía de Arauca, que, según los registros oficiales, se graduó en diciembre de 2024 sin haber presentado el examen de Estado.
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El Ministerio de Educación recordó que estos hechos podrían vulnerar la Ley 1324 de 2009, el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1740 de 2014, normativas que regulan la expedición de títulos académicos y la obligación de presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT. La investigación se extiende a directivos, representantes legales, revisores fiscales y demás funcionarios de la institución.
En cuanto a las posibles consecuencias, la Fundación Universitaria San José podría enfrentar suspensión de programas, sanciones administrativas y la revocatoria de registros calificados si se comprueban las irregularidades detectadas por el Ministerio de Educación Nacional.
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