Estalló el escándalo por la firma masiva de contratos en el Gobierno de Gustavo Petro antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que empezó a regir desde el sábado 8 de noviembre. La preocupación sobre la vulneración de la transparencia en estas adjudicaciones, y el uso de los recursos públicos en Colombia, llevó a la representante a la Cámara Katherine Miranda y el concejal de Bogotá Daniel Briceño a exponer este asunto.
Miranda denunció que, en menos de 24 horas, el Ejecutivo suscribió contratos por más de $1,5 billones, justo antes de que la normativa limitara la contratación estatal. “Mientras los colombianos confiamos en que se cumpla la ley, el Gobierno sigue firmando contratos a toda marcha, pasando por encima de la Ley de Garantías”, afirmó Miranda durante una sesión en el legislativo, en afirmaciones que causaron un fuerte cruce de comentarios en las redes sociales.
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La legisladora, incluso, fue más allá, al detallar la magnitud de los recursos comprometidos en la semana previa a la restricción legal y habló de billonarias cifras. “Que Colombia sepa que una semana antes de empezar la ley de garantías, el flamante gobierno de Gustavo Petro firmó contratos de las administrativas por nueve billones de pesos. ¡Nueve billones de pesos en contratos firmados una semana antes de la ley de garantías!“, denunció Miranda.
En su concepto, esto no es una burla al control fiscal, “es una bofetada a la transparencia” y el uso del Estado y de los impuestos como “maquinaria política” en el país. “La plata de los colombianos no puede verse como un botín de campaña del Pacto Histórico. Yo llamo a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Procuraduría para que prendan las alarmas”, expresó Miranda en sus afirmaciones, con las que precisó sobre la delicada situación que se registraría en este caso.
Concejal Briceño también sacó sus cifras y expuso los contratos del Gobierno
Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño también se refirió a la situación, aunque con cifras distintas, y puso el foco en el destino de los fondos.“Entre el 1 el 7 de noviembre antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías el gobierno Petro firmó convenios interadministrativos por $2,1 billones. Mucha plata para organizaciones indígenas, eventos y política en general. ¿Dónde está la Contraloría?”, indicó el cabildante en su perfil de X.
El análisis de los convenios interadministrativos firmados entre el 1 y el 7 de noviembre, de acuerdo con lo que sería un documento revelado por Briceño, establece que el valor total ascendió a 2.109.485.280.348 pesos, según sus registros; que, aunque distan de las cifras de Miranda, están enfocadas en la misma dirección: la maratón de firma de contratos antes de que empezara el periodo en el que se quiere evitar, justamente, la malversación de fondos.
El Ministerio del Trabajo lideró la lista con convenios por 775.096 millones de pesos, seguido por el Ministerio del Interior, con $211.662 millones; el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ($170.460 millones), la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ($170.093 millones) y la Agencia de Desarrollo Rural ($87.667 millones); siendo estos los montos más altos en la asignación presupuestal.
En el documento se pudo observar que la distribución sectorial de los contratos abarcó áreas estratégicas como trabajo, interior, tecnología, desarrollo rural, minas, energía, transporte, salud, defensa y ambiente. Algunas entidades, como el Ministerio del Interior, firmaron hasta 52 convenios, mientras que otras, como el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Salud, suscribieron entre 4 y 10 contratos.
Esta dispersión, según el concejal y veedor ciudadano sugeriría múltiples objetivos y una asignación acelerada de recursos, En el informe también destaca la participación de agencias y fondos especializados, como la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Fondo Adaptación y la Dirección de Cárceles, que manejaron sumas significativas, lo que planteó ciertos interrogantes sobre la priorización del gasto y la transparencia.
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