En los últimos años, miles de trabajadores en Colombia experimentan cambios en su jornada semanal por la aplicación de la Ley 2101 de 2021, que promueve la reducción progresiva de horas laborales.
A pesar de estos ajustes, en 2025, el país se mantiene entre los primeros lugares de Latinoamérica con jornadas más extensas, según datos recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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El proceso de reducción de jornada laboral avanza de forma gradual. En julio de 2023, la máxima pasó de 48 a 47 horas semanales.
Un año después, quedó en 46 horas, y en julio de 2025 se fijó en 44 horas. Para 2026, la meta será una jornada semanal máxima de 42 horas, sin disminución de salario.
Sin embargo, el promedio real de horas trabajadas en Colombia aún supera los ajustes legales. Estadísticas de la OIT para 2025 muestran que el país registra un promedio general de 42,1 horas semanales, resultado del promedio entre empleados a tiempo completo, parcial y trabajadores independientes.
Este nivel se encuentra por encima de otros promedios globales y regionales.
Hombres y mujeres presentan diferencias en el tiempo de trabajo. Los hombres alcanzan un promedio de 44,5 horas semanales, mientras que las mujeres trabajan en promedio 38,6 horas a la semana.
Colombia ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en cuanto a jornada laboral más extensa, solo por detrás de Perú. Otros países, como Chile, presentan promedios inferiores: en ese caso, 36,9 horas semanales.
En la clasificación mundial, Colombia se ubica en la posición 53 de mayor cantidad de horas trabajadas. Sectores como el de Namibia, Camerún, Turkmenistán, Gabón y Costa Rica siguen después de Colombia en el listado internacional.
Estas cifras evidencian el reto que enfrenta el país para igualar los promedios laborales de otras economías de la región y del mundo, a pesar de los avances legales encaminados en esta materia.
Con la reforma laboral en Colombia, los trabajadores han experimentado cambios no solo en la jornada laboral, sino también en el cálculo del pago de horas nocturnas, recargos dominicales y festivos. Estas modificaciones buscan ajustar las condiciones laborales y la forma en que se remunera el trabajo en diferentes franjas horarias y días de la semana.
¿Qué pasa si no se cumple con la reducción de la jornada laboral?
El Ministerio del Trabajo, como autoridad encargada de la inspección y vigilancia, supervisa que los empleadores realicen los cambios necesarios en turnos, horarios y distribución de la carga laboral acorde con la normatividad.
El incumplimiento de la reducción de la jornada puede generar consecuencias legales y administrativas para las empresas.
Los trabajadores que detecten irregularidades pueden presentar una denuncia ante el Ministerio del Trabajo, que procederá a investigar la situación.
Si se comprueba que la empresa sigue imponiendo jornadas superiores a las establecidas, la entidad del Gobierno nacional está facultado para imponer multas económicas.
El monto de las sanciones varía y puede ir desde un salario mínimo hasta quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad de la infracción y el impacto sobre los derechos laborales del trabajador.
Los inspectores laborales realizan visitas y verificaciones para constatar el cumplimiento de la jornada y asegurar que no se registren compensaciones, descuentos o exigencias no pactadas que contravengan la ley.
De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, existen excepciones a la jornada máxima legal, como quienes ocupan cargos de dirección, confianza o manejo, trabajadores domésticos en áreas urbanas y rurales, personas que desempeñan tareas intermitentes o de simple vigilancia, y los menores de edad autorizados bajo condiciones especiales.
A pesar de estas excepciones, la ley exige que se respeten los derechos fundamentales de todos los trabajadores y que se apliquen las disposiciones específicas establecidas para cada caso, como lo ha señalado la Corte Constitucional. Las empresas deben revisar y actualizar sus reglamentos internos, contratos y registros laborales para ajustarlos a las nuevas disposiciones, evitando sanciones y garantizando el bienestar de sus empleados.
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