El nombre de Julián Uscátegui, concejal de Bogotá, volvió a marcar la agenda política tras divulgarse una carta que envió al Gobierno de Estados Unidos con un listado de 80 personas beneficiadas por la figura de gestores de paz bajo la política de paz total promovida por el Gobierno Nacional.
En la misiva, el concejal solicitó investigar presuntos favorecimientos a estructuras criminales mediante la liberación de condenados por graves delitos.
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La polémica misiva, enviada en agosto, llegó al despacho del entonces secretario del Departamento de Estado de EE. UU., el senador Marco Rubio. El documento expone que, según información en poder del concejal, existirían hechos que permitirían “inferir el presunto favorecimiento por parte del presidente Gustavo Petro Urrego a estructuras criminales organizadas con vínculos con el Cártel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro“, según Noticias RCN.
En la carta, Uscátegui describe que su investigación partió de solicitudes formales a varias entidades del Estado, incluida la Presidencia de la República, que le permitieron obtener la lista de personas designadas como gestores de paz, muchas de ellas con antecedentes por delitos como homicidio, secuestro, extorsión, terrorismo y narcotráfico. El medio mencionado, confirmó que el listado fue entregado como documento oficial por la Casa de Nariño y firmado por una asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Beneficios para condenados destacados y reacción internacional
A través de la gestión de recursos ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el concejal logró identificar al menos 16 gestores de paz que recuperaron su libertad. Entre los nombres incluidos figura Omar Vallejo, miembro del ELN, señalado de haber participado en el asesinato de dos policías en Nariño.
El listado también incluye a:
- Edgar Restrepo, conocido como “El Mono Clinton”, condenado a 40 años de prisión por delitos asociados al narcotráfico y la extorsión.
- Alexis Fabián Hoyos Ospina, alias “Guatín”, quien confesó su participación criminal como parte del ELN.
- Ana Milena García Leitón, alias “Sonia”.
Según lo expuesto por el concejal ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, la designación de estas personas como gestores de paz habría permitido que obtuvieran su libertad y, al mismo tiempo, facilitaría el fortalecimiento de actividades ilícitas.
“Decidimos enviarle una carta el pasado mes de agosto contándole cómo Gustavo Petro había nombrado gestores de paz a múltiples criminales que quedaron en libertad”, afirmó Uscátegui en declaraciones recogidas por Noticias RCN. A eso agregó que esto habría propiciado el fortalecimiento del narcotráfico y acciones terroristas en el país.
La información contenida en la carta habría generado reacciones significativas durante la administración de Donald Trump. Fuentes citadas por Noticias RCN indican que la denuncia llegó a Marco Rubio y otros congresistas estadounidenses pocas semanas antes de que Gustavo Petro fuera incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como “lista Clinton”.
Perfil de los gestores de paz y repercusiones políticas
El análisis del listado revela que la mayoría de los beneficiados pertenecen al ELN y a disidencias de las Farc. Entre los nombres figuran cabecillas y miembros de alto perfil dentro de organizaciones armadas ilegales y redes de narcotráfico. De acuerdo con la denuncia, la liberación de estos individuos habría facilitado el envío de cargamentos de droga a destinos como Estados Unidos, Centroamérica, Europa y Asia.
La carta hace hincapié en la presunta relación entre las liberaciones y posibles contactos del Gobierno Nacional con estructuras criminales. “He tenido contacto con personas cercanas a los Estados Unidos que me manifiestan que el nexo que los Estados Unidos han encontrado entre Gustavo Petro y el narcotráfico es cómo ha utilizado el gobierno para darles libertad e impunidad”, aseguró Uscátegui al medio expuesto.
Respuestas y contexto del Gobierno Nacional
Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado de manera oficial sobre el contenido concreto de la carta ni sobre las reacciones en el ámbito internacional. Pero el tema continúa sumando presión sobre la política de paz total y su implementación, especialmente ante la opinión pública y los socios internacionales.
La publicación de la lista y el envío de la carta coinciden con un momento de especial escrutinio sobre las acciones del Ejecutivo en materia de paz y seguridad. El relato de Julián Uscátegui y la documentación presentada describen una preocupación que según los medios es persistente sobre hasta qué punto la política de gestores de paz podría estar generando riesgos para la seguridad interna y la reputación internacional del país.
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