De la masacre al perdón, así fue el proceso de amnistía del M-19 por la toma del Palacio de Justicia

Debido a que se cumplen 40 años de la toma del Palacio de Justicia, perpetrada por el M-19 entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, se ha recordado todo lo que se registró en una de las páginas más oscuras de la historia de Colombia.

Se ha recalcado que todo se registró en un contexto en el que el Estado colombiano estaba negociando la paz con el grupo guerrillero, que, precisamente, indicó que la toma era para enjuiciar al presidente Belisario Betancur por incumplir un cese al fuego entre las partes.

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A nivel de cifras, en la toma del Palacio de Justicia se registraron más de 100 muertes (reporte inicial de 96 y seis casos de desaparecidos que aparecieron sin vida); sin embargo, solo se ha condenado al Estado colombiano por el accionar que protagonizó la fuerza pública durante la retoma.

40 años después, se ha vuelto a recriminar que la mayoría de familias siguen sin conocer la verdad sobre lo que pasó al interior del edificio, además de que el M-19 recibió una amnistía por sus actos.

¿Por qué el M-19 no se hizo responsable de la toma?

Para entender por qué el grupo armado, a pesar de que es señalado como el principal responsable de lo registrado entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia, hay que recordar que luego de este hecho el diálogo de paz con el Estado colombiano se mantuvo.

Tras el fracaso que representó para la guerrilla la toma del Palacio de Justicia, el M-19 intentó avanzar de manera más rápida en el proceso de paz, del que participó la Iglesia católica y líderes civiles de la época.

Las conversaciones formales comenzaron en 1989, siendo la reintegración de todos sus miembros a la sociedad y la posibilidad de participar en política, las exigencias principales del grupo armado.

Luego de que el gobierno aceptó la mayoría de puntos de conversación, la entrega de armas se registró en 1990, durante un acto público en Santo Domingo, Cauca, en el que 900 guerrilleros se sometieron.

Debido a que la prioridad era la paz, en ese momento no generó una molestia general que uno de los puntos del acuerdo incluía una amnistía general para los delitos políticos cometidos por los miembros del M-19, incluyendo la toma de 1985.

A pesar de las protestas realizadas por familias de las víctimas, la amnistía se sustentó en la voluntad de lograr una verdadera reintegración y contribuir a la pacificación, lo que fue aprobado por el Congreso de la República.

Además de la toma del Palacio de Justicia, los miembros del M-19 tampoco tuvieron que responder por hechos graves, como el robo de la espada de Simón Bolívar, la toma de la Embajada de República Dominicana o los ataques contra la fuerza pública y poblaciones civiles que perpetraron.

La amnistía que recibió el grupo armado provocó que luego de 40 años se siga sin tener claridad sobre lo registrado en la toma del Palacio de Justicia, incluyendo todo lo ligado al plan y la presunta participación de Pablo Escobar.

Hasta la fecha no se ha podido confirmar si el capo antioqueño financió el plan con la garantía de que en la toma iban a ser asesinados los magistrados que estaban a punto de aprobar la extradición en Colombia.

A pesar de que varios de los militantes del grupo guerrillero siguen vivos, algunos ligados a la política del país, lo acordado en el proceso de paz no los obliga a revelar lo que saben sobre la toma, una herida que siguen sin cicatrizar para el país.