El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a las acusaciones formuladas en su contra que lo señalan por posibles irregularidades en la declaración de bienes y su inclusión en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La denuncia fue presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el profesor y especialista en anticrimen financiero Juan Carlos Portilla.
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Petro se pronunció en su cuenta de X sin un pronunciamiento formal adicional desde la Presidencia, con el siguiente mensaje: “Por Dios. La historia de la oposición ya no tiene límite. ¿Será que he lavado mi sueldo o qué?”.
Portilla argumenta que el presidente podría haber incurrido en falsedad en documento público debido a información inconsistente sobre su estado civil en declaraciones oficiales de la Presidencia. En su denuncia, señala que el formulario público de bienes, rentas y conflictos de interés, publicado el 11 de noviembre de 2024, consignaba a Verónica del Socorro Alcocer García como su cónyuge o compañera permanente; pero posteriormente, en octubre de 2025, el mandatario declaró públicamente que Alcocer está separada de él desde hace años. Lo anterior, según el denunciante, podría configurar inexactitud o falsedad en documento público susceptible de investigación penal.
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En paralelo, el denunciante incluyó la presunta participación de Petro en lavado de activos, sustentada en su inclusión en la Lista Clinton. Portilla solicitó a la Comisión información bancaria del Presidente, reportes de operaciones sospechosas de sus cuentas y las de su círculo cercano, así como cooperación internacional con autoridades financieras de Italia, Islas Caimán, Panamá, Estados Unidos y otros paraísos fiscales.
También pidió análisis de inteligencia financiera de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y de organismos equivalentes en el exterior.
En el comunicado oficial, Portilla señala que las denuncias buscan determinar la existencia de posibles irregularidades que podrían derivar en responsabilidad penal y enfatizó que la investigación preliminar es necesaria para establecer la veracidad de la información financiera y de los documentos públicos. Según Portilla, “todos los colombianos merecemos saber la verdad: la corrupción pública es un flagelo que fractura la confianza ciudadana”.
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El denunciante adjuntó copia del formulario público como elemento probatorio central, considerando que la contradicción entre la información consignada oficialmente y las declaraciones posteriores del presidente podría implicar responsabilidad penal en caso de confirmarse la falsedad.
Procedimiento en la Cámara de Representantes
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tiene la función de recibir formalmente las denuncias y determinar si existen méritos para abrir una investigación preliminar. Este procedimiento contempla la revisión de documentos, información financiera, reportes de cooperación internacional y la verificación de las pruebas presentadas por el denunciante.
El denunciante, Juan Carlos Portilla, reiteró en su comunicado que la indagación tiene un carácter de interés público. “Investigar estas presuntas conductas es un deber de la justicia para proteger el Estado de derecho y recuperar la decencia pública”, indicó. Portilla resaltó que la investigación permitiría esclarecer los hechos y garantizar transparencia frente a la ciudadanía.
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Hasta ahora, la Presidencia no ha emitido comunicados adicionales y la Comisión de Investigación y Acusación aún no ha fijado fecha para iniciar la revisión preliminar de la denuncia. La expectativa se centra en la verificación de la información financiera y de los documentos presentados, así como en la posible cooperación internacional con organismos de control financiero en otros países.
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