
La familia de Jaime Esteban Moreno ha solicitado que la justicia colombiana endurezca la acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz, el único detenido por el asesinato del joven universitario, en el marco de la audiencia de imputación prevista para este miércoles 5 de noviembre en Bogotá.
El caso, que ha generado un intenso debate sobre la severidad de las condenas en crímenes violentos, se centra ahora en la petición de que el delito se tipifique como homicidio doloso agravado, lo que podría aumentar considerablemente la pena para el acusado, según informó El Tiempo.
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Camilo Rincón, abogado que representa a la familia de la víctima, ha insistido en que la gravedad de los hechos y las pruebas disponibles justifican una imputación más severa.
En declaraciones recogidas por El Tiempo, Rincón expresó su expectativa de que la Fiscalía General de la Nación sustente la acusación bajo la figura de homicidio doloso con agravantes, argumentando que “se haga una muy buena imputación, bien sustentada, a título de homicidio doloso con circunstancia de agravación”.
El jurista fundamenta su solicitud en la forma en que se produjo la agresión, subrayando que Jaime Esteban fue atacado en condiciones de indefensión y sin posibilidad de defenderse, lo que, a su juicio, descarta la existencia de un enfrentamiento y refuerza la intencionalidad del acto.
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El proceso judicial se encuentra en una fase clave. Tras la muerte de Jaime Esteban, ocurrida en la madrugada del 31 de octubre, la Fiscalía modificó la acusación inicial de lesiones personales a homicidio.
La audiencia de imputación de cargos contra Suárez Ortiz se celebrará este miércoles, y la principal prueba en su contra es un video de cámaras de seguridad que muestra la participación de dos hombres en la golpiza que terminó con la vida del estudiante de la universidad de Los Andes.
La defensa del acusado, por su parte, sostiene que el incidente fue una reacción a una supuesta agresión previa de la víctima dentro del bar Before Club, donde se originó el altercado.
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En cuanto a los implicados, Juan Carlos Suárez Ortiz permanece detenido y enfrenta la posibilidad de una condena de entre 25 y 50 años de prisión si se le imputa homicidio doloso agravado, dependiendo de los agravantes que se reconozcan en el caso.
El segundo agresor, identificado como Ricardo González, un vendedor de perros calientes en San Victorino, ha sido plenamente reconocido en los videos de seguridad, donde se le observa propinando un golpe decisivo a Jaime Esteban.

Sin embargo, González no ha sido capturado y su paradero es desconocido desde horas después de los hechos, según detalló El Tiempo.
Las dos mujeres que acompañaban a los agresores fueron inicialmente detenidas, pero recuperaron la libertad, aunque siguen vinculadas a la investigación.
La reconstrucción de los hechos, basada en los registros de las cámaras de seguridad del bar Before Club y sus alrededores, ha sido fundamental para el avance de la investigación.
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En las imágenes se observa cómo los dos hombres agreden a Jaime Esteban, quien cae al suelo tras recibir un fuerte golpe.
Minutos después, los cuatro implicados —los dos agresores y sus acompañantes femeninas— aparecen conversando y abandonan el establecimiento.
El abogado de la familia ha reconocido el trabajo realizado por la Policía Nacional en la captura en flagrancia y la recolección de pruebas inmediatas, así como la labor de la Fiscalía General de la Nación, según recogió El Tiempo.
La familia de Jaime Esteban espera que la agravación del delito no solo implique una condena más severa para el acusado principal, sino que también contribuya a la localización y captura del segundo agresor.
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De acuerdo con la representación legal de la familia, una imputación más grave podría ejercer presión sobre el detenido, quien hasta el momento ha optado por guardar silencio y no ha proporcionado información sobre el paradero de González.
La expectativa de los familiares y su abogado se centra en que la justicia logre esclarecer la responsabilidad de todos los implicados, remarcando que la muerte de Jaime Esteban no fue obra de una sola persona, mientras el principal acusado mantiene su derecho a no declarar sobre la identidad y paradero del segundo agresor.
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