La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia confirmó que, en lo que va de 2025, se registraron 42 atentados indiscriminados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, una cifra que refleja la persistente violencia en el suroeste de Colombia y la grave situación de seguridad que enfrentan sus habitantes.
De acuerdo con el comunicado difundido por la ONU Derechos Humanos, a través de X, estos ataques tuvieron lugar en 12 municipios del Cauca y cuatro del Valle del Cauca, dejando un saldo de 19 civiles muertos —incluidos una lideresa y un líder social—, ocho miembros de la fuerza pública fallecidos y al menos 200 personas heridas.
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La organización internacional subrayó que estos hechos constituyen una violación directa al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los derechos humanos, y reiteró la prohibición absoluta de los ataques indiscriminados.
El más reciente de estos atentados ocurrió en el municipio de Suárez, Cauca, donde un ataque con explosivos dirigido contra la estación de Policía dejó dos personas muertas y tres heridas, además de provocar pánico entre la población y causar graves daños a bienes civiles.
La ONU Derechos Humanos condenó este acto y urgió a los grupos armados no estatales a respetar el DIH y los derechos fundamentales de la población. En su pronunciamiento, la entidad internacional enfatizó: “Reiteramos que los ataques indiscriminados están prohibidos. Llamamos a que se investigue, juzgue y sancione a los responsables”.
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El comunicado también incluyó un llamado al Estado colombiano para que fortalezca las medidas de prevención y protección, y garantice los derechos humanos mediante la implementación integral de políticas de seguridad y desmantelamiento, especialmente en las zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales.
La ONU insistió en la necesidad de que el Estado actúe con determinación para proteger a la población civil y evitar la repetición de estos hechos.
Sobre el atentado en Suárez
En el caso específico del atentado en Suárez, las autoridades confirmaron que el ataque fue perpetrado mediante un carro bomba, el lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil.
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó la autoría del atentado al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, y señaló que este tipo de acciones reflejan el “desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”.
Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $200 millones por información que permita anticipar y evitar hechos similares. El ministro Sánchez expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró: “Lamentamos la pérdida de vidas inocentes y el dolor que hoy las acompaña. No están solas: el Estado actuará con toda su capacidad para garantizar verdad, justicia y protección”.
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El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, también se pronunció tras el atentado, lamentando que la violencia pretenda “arrebatarle la tranquilidad” a comunidades como la de Suárez, de donde es originaria la vicepresidenta Francia Márquez.
Guzmán rechazó el ataque contra la estación de Policía y afirmó: “La violencia no puede ser el lenguaje de quienes buscan el poder desde el miedo. Se necesita fortalecer presencia integral del Estado en el departamento, con más garantías de seguridad. El Cauca merece vivir en paz, con esperanza y sin miedo”.
Cauca: escenario del conflicto armado
El departamento del Cauca ha sido históricamente uno de los más afectados por el conflicto armado en Colombia. Incluso después de la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc en 2016, la región continuó siendo escenario de violencia.
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En este territorio, enclavado entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, operan varios bloques de las disidencias de las Farc, así como el ELN y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas del tráfico internacional de drogas.
Durante los últimos meses, la región ha sido escenario de varios ataques similares con explosivos cerca de puestos policiales, que han cobrado la vida de policías, soldados y civiles.
La ONU Derechos Humanos reiteró la urgencia de que se investiguen estos hechos y se sancione a los responsables, al tiempo que insiste en la necesidad de fortalecer la presencia estatal y las garantías de seguridad para la población civil en el suroeste colombiano.
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