Un intento de feminicidio sucedió en el barrio La Esperanza, en Montelíbano, Córdoba, cuando Érika Mendoza Méndez fue atacada por su pareja y sufrió quemaduras de segundo y tercer grado.
Los detalles son que su pareja, Isaac Contreras, presuntamente le roció gasolina y le prendió fuego dentro de su vivienda.
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De acuerdo con la información conocida y publicada por Caracol Radio, las autoridades desplegaron un operativo especial para dar con el paradero del acusado, que huyó tras el ataque.
Según el testimonio de familiares citados por el medio, la agresión ocurrió durante una discusión que se escaló a la violencia física y al intento de feminicidio.
Contreras utilizó gasolina para iniciar el incendio que afectó tanto a Mendoza Méndez Méndez como a parte de la casa. Dentro del inmueble estaban también dos sobrinos del presunto agresor, conoció el medio, situación que incrementó el nivel de peligro para los integrantes del hogar.
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Mientras se conocen más especificidades del reprobable hecho, se sabe que la víctima denunció a sus allegados que el objetivo del ataque era impedirle continuar con sus estudios y desarrollo personal.
El hombre, además destrozó su computador y otros bienes de valor. Érika Mendoza Méndez permanece bajo estricta observación médica tras haber resultado gravemente afectada por las llamas.
El presunto agresor, Isaac Contreras, se dio a la fuga y es buscado activamente por la Policía y la Fiscalía. Los familiares de la víctima solicitaron colaboración de la comunidad para evitar que el agresor vuelva a causar daño.
“Tememos que vuelva a hacer daño. Si alguien sabe dónde está, que lo denuncie. No queremos otra tragedia”, expresó una allegada de Mendoza Méndez, citada por Caracol Radio.
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Diez años de la Ley de Feminicidio en Colombia: avances y retos persistentes
En 2015, Colombia promulgó la Ley 1761, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, tras la conmoción generada por el asesinato de Rosa Elvira Cely. Esta ley constituyó un avance para el reconocimiento del feminicidio como un delito autónomo y equiparó estos crímenes a una manifestación extrema de la violencia de género, según un análisis difundido por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
A una década de su entrada en vigencia, el panorama nacional refleja avances, pero también múltiples deudas.
Según la FIP, la promulgación de la ley respondió a la presión de organizaciones de mujeres y representó un primer paso para visibilizar la desigualdad estructural que afecta a mujeres en distintos ámbitos del país. La Ley 1761 permitió llenar vacíos jurídicos e impulsó que las muertes violentas de mujeres fueran investigadas bajo la dimensión de género.
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Sin embargo, persisten obstáculos en la implementación. El estudio de la FIP documenta que la atención a las víctimas es insuficiente, especialmente en zonas rurales, y que la impunidad sigue predominando.
Los prejuicios dentro del sistema judicial y la ausencia de respuestas integrales dificultan el acceso a la justicia para quienes sufren violencia de género. Aunque la ley exige investigación y sanción del feminicidio, el abordaje institucional se mantiene fragmentado y, en muchos casos, poco efectivo.
Diferencias en los registros y cifras oficiales
Durante el año 2024, el Observatorio Colombiano de Feminicidios registró el asesinato de 872 mujeres, mientras que la Policía Nacional reportó 988 casos y la Defensoría del Pueblo contabilizó 198 feminicidios hasta noviembre. Según la FIP, la alta disparidad entre las cifras revela la falta de una metodología unificada en el registro e investigación de estos delitos.
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La fundación enfatiza que “contar feminicidios no es solo sumar casos, sino desagregar información, analizar los contextos y esclarecer motivaciones”, lo que resulta clave para la prevención y atención. Además, destaca la necesidad de un mayor rigor en la investigación de los homicidios de mujeres para determinar, en cada caso, cuándo existe una motivación de género subyacente.
El informe advierte que, a pesar de ciertos avances en el enfoque de género dentro de los medios, aún se detectan coberturas que revictimizan a las víctimas y presentan los feminicidios como hechos aislados o “pasionales”. La FIP señala que la construcción de canales y narrativas responsables es fundamental. El objetivo debe ser visibilizar las causas y relaciones de poder detrás de la violencia, previniendo la normalización de estos crímenes.
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