La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exgobernador del Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña (2020-2023), y la extesorera General, Vanessa Tatiana Rivera Samboní, por la presunta omisión en el control y vigilancia de los recursos del Fondo Territorial de Pensiones de la gobernación.
La entidad señaló que los exfuncionarios, al no implementar acciones para proteger los fondos, habrían facilitado situaciones irregulares vinculadas con el posible desvío o sustracción del dinero asignado a esa cuenta.
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El órgano de control precisó que esta conducta habría generado riesgo para los recursos públicos y afectación en la prestación adecuada del servicio público en la región.
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Según la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa, los investigados tampoco adoptaron medidas que mitigaran la exposición de estos dineros.
En el comunicado oficial se informó que el comportamiento investigado fue calificado de manera provisional como una falta disciplinaria gravísima, cometida a título de culpa gravísima, por presunto desconocimiento de los principios de moralidad, eficacia, eficiencia y celeridad en el manejo de los recursos de la entidad territorial.
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“La Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa señaló que por el posible comportamiento de los funcionarios se pudieron concretar situaciones fraudulentas del desvío o sustracción de recursos de la cuenta del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación”, detalló la Procuraduría.
El Ministerio Público continúa con el proceso formal contra los exfuncionarios mencionados mientras avanza la respectiva investigación disciplinaria.
“Por estos hechos, el Ministerio Público estableció que tanto Rosero Peña como Rivera Samboní habrían vulnerado el cumplimiento que debían darle a los principios de moralidad, eficacia, eficiencia y celeridad, por lo que de manera provisional calificó su presunta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”, aseveró el órgano de control.
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Otros casos
La Fiscalía General de la Nación procesó en 2020 al gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, por supuestas irregularidades en la adquisición de 10 ambulancias, valoradas en 3.460 millones de pesos, para la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
El contrato Nº 547, firmado el 1 de abril de ese año, adjudicó la compra a Carrocería Innovas SAS como único proveedor, lo que habría causado un sobrecosto de 1.064 millones, según la investigación oficial.
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Florencio Rosero justificó la adjudicación con documentos generados el 22 de mayo de 2020, más de un mes después de la firma del contrato. La fiscal del caso le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Además, se solicitó su detención preventiva como medida de aseguramiento.
En mayo de 2020, la Procuraduría cuestionó la gestión de los recursos estatales destinados a la atención del Covid-19 y alertó sobre posibles sobrecostos debido a una deficiente planeación por parte de la Gobernación.
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Simultáneamente, el gobernador declaró la calamidad pública el 13 de marzo, antes de la expedición por parte del Gobierno Nacional de la emergencia económica y social el 17 de marzo.
Los contratos, por su parte, se formalizaron un mes después de su asignación, a pesar de que el contratista no disponía de los vehículos requeridos en los plazos establecidos, pero aún así recibió un adelanto del 50%, lo que contradecía la normativa vigente.
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La Fiscalía también dirigió cargos contra otros funcionarios departamentales y el representante legal de Carrocerías Innovas SAS, responsables de diversas áreas relativas al proceso contractual. El despacho judicial avaló la imputación y aplicó la medida de aseguramiento solicitada.
Florencio Rosero quedó como el segundo gobernador de Putumayo en enfrentar un proceso ante la Corte Suprema de Justicia en los últimos años. El caso se sumó a centenares de investigaciones disciplinarias y preventivas abiertas durante la pandemia por presuntas anomalías administrativas. La definición sobre una eventual detención domiciliaria se había programado para el 22 de octubre de 2020.
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