Paloma Valencia se refirió a decisión del Consejo de Seguridad de ONU sobre Acuerdo de Paz: “Agrava la percepción de impunidad que carcome a la JEP”

La prórroga de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia se concretó por decisión del Consejo de Seguridad, que dio luz verde a su permanencia durante doce meses adicionales. Sin embargo, en esta nueva etapa, el organismo internacional quedó impedido de supervisar tanto la aplicación de las sanciones restaurativas establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como de continuar con el monitoreo sobre el Capítulo Étnico correspondiente al Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Dicha decisión sigue generando reacciones y, en ese sentido, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, habló de la percepción pública sobre la justicia transicional: “Agrava la percepción de impunidad que ya carcome a la JEP”,

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En una columna de opinión dedicada a este asunto, la legisladora recuperó un episodio reciente: el envío de una carta dirigida al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. “Hace unos días enviamos al Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, una misiva en la que le pedíamos reconsiderar el apoyo que le daba el Consejo de Seguridad de la ONU al acuerdo de la Habana”, dijo.

Además, la senadora enfatizó en su columna de opinión sobre las implicaciones políticas de la medida, señalando: “Retirar la verificación de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es un mero ajuste técnico, es un veredicto político: se rompe la ilusión de que la ‘justicia restaurativa’ colombiana estaba acorde con el Estatuto de Roma”.

Valencia también planteó que la postura adoptada por el Consejo de Seguridad podría entenderse como un cuestionamiento hacia el modelo de justicia transicional colombiano: “Hoy pareciera que somos más los que consideramos que priorizar la impunidad sobre la justicia real no es aceptable, ni bajo los estándares morales ni bajo el Estatuto de Roma”.

Y agregó: “El cinismo con el que priorizaron la reinserción política sobre la justicia, la verdad y las víctimas queda al descubierto. Esto agrava la percepción de impunidad que ya carcome a la JEP”.

En su análisis, Valencia se refirió a la naturaleza de las sanciones restaurativas contempladas por la JEP, advirtiendo que la comunidad internacional ya no las respalda. También puntualizó que estas medidas, consistentes en actividades comunitarias durante hasta ocho años, excluyendo la prisión, han sido vistas como demasiado indulgentes y ahora pierden legitimidad fuera del país. Resumió su postura afirmando que “sin la ONU, sus sanciones no restauran: son solo impunidad”.

La congresista también mencionó el momento en que la ONU decidió retirarse de algunas funciones clave, señalando el riesgo que esto implica para los exintegrantes de las Farc y el proceso de justicia en Colombia. Según la senadora, esta salida ocurre mientras la Corte Penal Internacional mantiene bajo observación el cumplimiento de los compromisos de investigación y sanción en el país.

“La ONU se retira en el peor momento: mientras la Corte Penal Internacional (CPI) examina si Colombia garantiza investigaciones y sanciones efectivas. Esto no es solo un castigo diplomático; puede ser el preludio de una reactivación del examen preliminar o, peor, de intervenciones correctivas de la CPI. Los exguerrilleros quedan expuestos a juicios externos. Excluyo las Fuerzas Armadas que han pagado cárcel por los crímenes que les imputaron -a diferencia de las FARC”, escribió.

Paloma Valencia también expresó su escepticismo respecto a la verdad revelada por el proceso de justicia transicional en Colombia: “La verdad de las FARC nunca la llegamos a conocer. La JEP, mediocre como es, se sujetó a la verdad que tenía la Fiscalía. Los aportes sobre los temas relevantes ni siquiera se solicitaron, por ejemplo: sus vínculos con el narcotráfico, las rutas, los socios; nos quedó faltando todo sobre sus orígenes, la influencia cubana y la financiación de la Unión Soviética, así como los entrenamientos y adoctrinamientos de los comunistas internacionales en nuestro país”.

La legisladora añadió que la información proporcionada por las FARC fue insuficiente respecto a sus alianzas y respaldos internacionales. En sus palabras: “No nos dijeron nada de sus vínculos con organizaciones terroristas de otros países, especialmente los vínculos que adquirieron con el Oriente Medio: Hamas, Hezbolá, entre otros. Y por supuesto, nada dijeron de Venezuela sobre el apoyo que recibieron de Chávez y de Maduro. Tampoco de sus apoyos políticos armados, ni sus financiaciones a la política”.