Estos son los tres miembros de la Armada judicializados por entregarle información a narcos para transportar drogas por el pacífico colombiano

Tres integrantes de la Armada Nacional fueron judicializados por colaborar con una red criminal para facilitar la salida de lanchas cargadas con estupefacientes desde las costas del Pacífico nariñense.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los uniformados habrían recibido pagos de un grupo delincuencial conocido como Los Radaristas a cambio de información reservada sobre la ubicación de unidades navales, lo que permitió el tránsito de embarcaciones con cocaína hacia Ecuador, México y Estados Unidos.

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La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación y centrada en las estructuras narcotraficantes que operan en Tumaco (Nariño), reveló un esquema de corrupción dentro de la fuerza pública.

Los implicados son los cabos de Infantería de Marina Pedro José Pérez López y Carmelo de Jesús Vergara Mercado, junto al marinero primero Henry Júnior Ahumada Rodríguez.

Según los hallazgos, estos militares habrían entregado información estratégica sobre los controles navales en el Pacífico, recibiendo a cambio sumas de dinero de la organización criminal. Las capturas se realizaron en Tumaco y Cartagena (Bolívar).

Posteriormente, un fiscal especializado de la Seccional Valle del Cauca presentó a los tres ante un juez de control de garantías, imputándoles los delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio, cohecho propio, concusión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán permanecer bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad.

La evidencia recopilada indica que Ahumada Rodríguez habría utilizado su posición como radarista para alertar a la red ilegal sobre la ubicación de las embarcaciones de la Armada Nacional.

“Esa estructura estaría jerarquizada, esto con presencia en el municipio de Túmaco y desde donde coordinan la salida de lanchas con estupefacientes hacia el vecino país de Ecuador bajo la modalidad de transporte de lanchas cargadas con cocaína, empleando para ello al funcionario de la Armada Nacional, el señor Henry Junior Ahumada Rodríguez, quien se habría determinado a través de su cargo como radarista de la Armada Nacional, para proporcionar información en tiempo real de la ubicación de las lanchas de la Armada Nacional y de no informar el movimiento de las lanchas de la estructura. Esto hasta el mes de diciembre del año 2023″, afirmo el fiscal del caso en una audiencia.

En uno de los episodios investigados, se le atribuye haber recibido $40 millones por proporcionar la localización exacta de un grupo anfibio de la fuerza naval y autorizar la salida de una lancha que transportaba cocaína.

La Fiscalía sostiene que “Ahumada Rodríguez presuntamente utilizó su cargo como radarista para alertar a la estructura ilegal sobre la ubicación de las embarcaciones de la Armada Nacional”.

En cuanto a Pérez López y Vergara Mercado, la investigación señala que entre febrero y junio del año en curso habrían suministrado detalles sobre operaciones en aguas jurisdiccionales de Tumaco.

Además, habrían intervenido para que algunas motonaves incautadas fueran devueltas a la red narcotraficante.

La Fiscalía documentó que “Pérez López y Vergara Mercado habrían suministrado detalles de operaciones en aguas jurisdiccionales de Tumaco e intervenido para que algunas motonaves incautadas fueran regresadas a la red narcotraficante”.

Así lo explico el togado a cargo de la diligencia: “A través de los señores Pedro José Pérez López, de coordinarse desde el 28 de febrero de 2025 y hasta el 24 de marzo de 2025 para disponer la entrega y/o devolución de las lanchas incautadas a la estructura delincuencial así como de proporcionar información a la estructura de la ubicación de las unidades en tierra de dicha entidad”.

La actuación de los tres uniformados, según la Fiscalía, permitió que lanchas cargadas con cocaína salieran sin obstáculos hacia rutas internacionales, afectando los controles estatales en una de las zonas más sensibles para el tráfico de drogas en Colombia.