El martes 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dictada el 1 de agosto por la jueza Sandra Heredia. La absolución cubrió los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, tras una sesión de más de tres horas en la que los magistrados evaluaron los cinco hechos que sustentaban la condena inicial.
El abogado penalista Francisco Bernate explicó que la sentencia “desmonta uno a uno los argumentos de la jueza Heredia” y representa un cambio significativo en el enfoque jurídico del caso. Además, resaltó que el tribunal adoptó una metodología estrictamente técnica: “Fue un planteamiento extremadamente riguroso el que ha hecho hoy el tribunal, y que claramente deja por el piso la decisión de primera instancia”.
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El presidente Gustavo Petro manifestó su descontento con el fallo a través de redes sociales y alocuciones transmitidas en televisión pública. Según los abogados del expresidente Uribe, Petro habría lanzado advertencias implícitas hacia la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que se encargará de defeinir la siguiente etapa en el proceso: la casación presentada por la defensa de las víctimas.
En una de sus intervenciones, el mandatario afirmó: “Siempre hay un ‘cartel de la toga’ para exonerar al gran poder político aliado al narcotráfico y de allí su consecuencia más grave: el genocidio del pueblo colombiano”, al parecer, haciendo referencia a los magistrados que respaldaron la absolución.
Petro también cuestionó la actuación del Tribunal Superior de Bogotá. Dijo que “repite la historia, contradice a la Corte Suprema de Justicia y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”.
Según el presidente, estas decisiones evidencian prevaricato y posibles vínculos con lo que denominó “cartel de la toga”. El magistrado Hermes Lara, del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, expresó su preocupación al respecto: “Inadmisible que en un Estado Social y Democrático de Derecho, el jefe de Estado, obligado a respetar y fomentar la observancia del principio de división de poderes públicos, así como de la autonomía e independencia judicial, durante el acto oficial, critique públicamente las decisiones judiciales”.
Ampliación del informe ante la ONU
En respuesta a las declaraciones del presidente, los abogados del expresidente Uribe radicaron ante la ONU una ampliación del informe presentado inicialmente en 2018, cuando se señalaron presuntas manipulaciones en el caso Uribe.
El documento, conocido por Semana y presentado por el abogado Víctor Mosquera ante la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, sostiene que los ataques reiterados del presidente Petro y miembros del Ejecutivo constituyen una violación al deber estatal de proteger a los jueces contra toda forma de presión o represalia, al asociar sus decisiones con corrupción o delincuencia.
Según Mosquera, esta situación podría constituir una intimidación hacia la Corte Suprema de Justicia, pues Petro ha insistido en sus críticas públicas: “Qué triste que en Colombia pasen esas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, o si hay justicia o si los carteles de la toga siguen manejando esto”, palabras que los abogados del expresidente interpretaron como un riesgo para la independencia judicial en Colombia.
Por ahora, con la ampliación ante la ONU, los abogados de Uribe buscan que la organización internacional tenga conocimiento de las presuntas acciones de intimidación y presión política sobre el poder judicial, en un caso que combina elementos de derecho penal, procedimiento judicial y relaciones entre los poderes del Estado.
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