La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió abstenerse de iniciar una investigación formal contra la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, tras la denuncia formulada por el gerente de Rtvc, Hollman Morris, quien la señalaba de injuria y calumnia.
Según informó W Radio en primicia, la determinación del alto tribunal se produjo luego de que Morris presentara una querella basada en una serie de publicaciones realizadas por Cabal durante 2024, donde calificaba a Rtvc como “caja de resonancia” de las Farc y la acusaba de dar voz a “terroristas” y promover “propaganda” de “asesinos impunes”.
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Estas expresiones surgieron en el contexto de entrevistas concedidas por el sistema de medios públicos a comandantes identificados como disidencias de la guerrilla.
Con base en estos trinos, Morris acudió ante la Corte Suprema esperando que las manifestaciones fueran consideradas constitutivas de injuria o calumnia.
Sin embargo, la Sala de Instrucción consideró que las declaraciones emitidas por Cabal se encuentran protegidas por la libertad de expresión.
La decisión precisa que Rtvc, al tratarse de una persona jurídica, no posee derecho al “honor” en los términos del Código Penal colombiano y, por ello, no es sujeto activo del delito de injuria.
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El análisis judicial determinó que los señalamientos de Cabal no evidencian un “ánimo deliberado” de causar daño o afectar la reputación institucional de los medios públicos.
Para los magistrados, las manifestaciones correspondieron a críticas respaldadas por la función de control político que ejerce una senadora, quien representa a los ciudadanos y puede evaluar el cumplimiento de los medios estatales.
De acuerdo con el fallo, contemplado en la decisión inhibitoria, no se advierte comportamiento antijurídico identificable como calumnia, pues la Corte descartó la existencia de afirmaciones imputando falsamente un hecho punible a Rtvc o a algún funcionario en particular.
Según detalló el medio citado, la decisión puede ser objeto de recurso de reposición, herramienta jurídica que permite a Hollman Morris solicitar una revisión del acto inhibitor, o aportar nuevas evidencias ante la Sala de Instrucción, en caso de mantener su interés en el proceso.
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Cabal anunció denuncia penal por los disturbios en los que dispararon flechas contra los policías: también radicó queja contra el rector de la Universidad Nacional
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, representante del Centro Democrático, llevó a instancias judiciales y disciplinarias los hechos violentos registrados en los alrededores de la Universidad Nacional de Bogotá el 16 y 17 de octubre de 2025.
Según comunicó a través de su cuenta en X, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria dirigida a la Procuraduría contra el rector universitario Leopoldo Múnera Ruiz.
En los documentos oficiales publicados en sus redes, Cabal relató que los disturbios provocaron lesiones en miembros de la Policía Nacional.
Enfatizó que manifestantes, entre ellos integrantes de comunidades indígenas asociadas al Congreso de los Pueblos y diversos colectivos, habrían incursionado ilegalmente en el campus y bloqueado vías públicas estratégicas de la ciudad capital.
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En su denuncia, la senadora alertó sobre el uso de “flechas letales” para agredir a agentes estatales, lo que agravó la situación de seguridad y orden en Bogotá.
El reporte presentado a la Fiscalía solicita investigación penal de los responsables por delitos tipificados en el Código Penal colombiano, como perturbación del servicio público de transporte, obstrucción de vías públicas, violencia contra servidor público y daño en propiedad ajena.
El texto detalló que el 27 de octubre, en la avenida El Dorado con carrera 68, la circulación de buses de TransMilenio y vehículos particulares quedó bloqueada, tuvieron lugar agresiones físicas y verbales a conductores, y se causaron destrozos materiales a los automotores y la infraestructura, dificultando la movilidad de miles de ciudadanos.
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Simultáneamente, Cabal formalizó una queja ante la Procuraduría contra el rector de la universidad, acusándolo de “presuntas omisiones” y de no haber actuado eficazmente para contener y evitar los episodios de violencia y daños ocurridos en el campus.
El documento dirigido al procurador Gregorio Eljach solicita abrir una investigación disciplinaria a fin de garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales y prevenir situaciones semejantes en el futuro.
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