La reciente inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro Burgos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como la Lista Clinton, ha generado un intenso debate político y legal en el país.
Este hecho sin precedentes ha puesto en el centro de la discusión la relación entre el mandatario y la primera dama, así como el alcance de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
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La decisión de la Ofac implica sanciones y restricciones financieras internacionales para los incluidos en la lista, lo que afecta directamente a Petro y a su círculo familiar. Minutos después de conocerse la noticia, el presidente recurrió a sus redes sociales para afirmar: “Verónica Alcocer está separada de mí desde hace años”, declaración que, de inmediato, provocó reacciones en distintos sectores políticos y sociales.
De hecho, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, cuestionó la veracidad de la supuesta separación entre el presidente y la primera dama. En entrevista con Caracol Radio, Briceño sostuvo que, más allá de los aspectos personales de la pareja, existen hechos objetivos que contradicen la versión de Petro.
Explicó que, hasta hace unos meses, el presidente llenó la declaración de conflictos de interés para ejercer su cargo este año y afirmó que tenía una relación en una sociedad conyugal con la señora Verónica Alcocer. Por lo tanto, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades está totalmente activo, lo que, según el concejal, constituye una prueba de que esa relación existe.
Briceño también recordó que, en declaraciones públicas recientes, el propio presidente se refirió a Alcocer como su esposa. Además, señaló que, de acuerdo con la información disponible, Verónica Alcocer sería la única primera dama que, sin ser pareja del presidente, según la versión oficial, accede a todos los privilegios del cargo, como gastos de viáticos, uso de aeronaves del Estado y viajes oficiales.
“Uno entiende que le está intentando salvar a la señora Verónica Alcocer de la sanción de la Ofac, pero legalmente y fácticamente uno dice son pareja, aunque puedan tener algunas diferencias de carácter personal”, afirmó Briceño en diálogo con Caracol Radio.
El debate legal se centra en la vigencia de la sociedad conyugal entre Petro y Alcocer. Según el concejal, mientras no exista una disolución formal de la relación ante la ley, la primera dama mantiene todos los derechos y obligaciones derivados de su vínculo con el presidente, incluyendo la extensión de las sanciones de la Ofac. Briceño destacó que la ley no toma en cuenta las diferencias personales, sino los hechos objetivos y la existencia de una relación legalmente reconocida.
En cuanto al uso de recursos públicos, Briceño anunció que presentará un derecho de petición a la Presidencia para que se informe detalladamente sobre los gastos realizados en beneficio de Verónica Alcocer.
El concejal solicitó datos sobre los viajes, el uso de aviones presidenciales y aeronaves del Estado, así como el esquema de seguridad asignado a la primera dama. Briceño sostuvo que el país debe conocer cuáles han sido los gastos de una persona que el presidente dice que no es su pareja, ya que está justificado que una persona que es la pareja tenga todos sus privilegios, pero si el presidente afirma lo contrario, corresponde revisar en detalle los recursos utilizados y su justificación.
El contexto político también se ha visto impactado por este episodio. Briceño consideró que el Pacto Histórico, coalición oficialista, mantiene una base sólida alimentada por recursos estatales, como lo evidenciaría los resultados de la reciente consulta interna. Sin embargo, el concejal advirtió que, pese a la significativa votación obtenida por figuras como el senador Iván Cepeda, los resultados no serían suficientes para garantizar una posición de fuerza en una eventual segunda vuelta presidencial.
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