Las recientes acciones del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han puesto en evidencia una disputa institucional de alto perfil en Colombia.
En una solicitud presentada ante el organismo internacional, Montealegre pidió la imposición de medidas cautelares en su favor, alegando sentirse en riesgo debido a investigaciones adelantadas en su contra por la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach.
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Según el ministro, estas actuaciones disciplinarias, relacionadas con presunta participación en política y el uso de su cargo para calificar de “criminal de guerra” al expresidente Álvaro Uribe, representarían un instrumento de censura contra sus opiniones y contra el funcionamiento del Gobierno.
En la petición elevada a la Cidh, Montealegre reclamó específicamente que se separe a Gregorio Eljach de cualquier intervención en el caso y que se designe un procurador ad hoc. Argumentó que la investigación afecta directamente sus garantías.
“En este momento tengo la angustia permanente por haber sido denunciado disciplinariamente sin razón alguna y por ser investigado por autoridades que están siendo instrumentalizadas para censurar mis opiniones políticas y afectar el funcionamiento del gobierno, con lo que mi integridad moral está siendo perjudicada y no cuento con posibilidades de solución debido al contexto del caso”, afirmó el ministro en la comunicación oficial.
La confrontación se intensificó cuando Montealegre dirigió severos cuestionamientos personales contra el procurador, a quien calificó de prevaricador y señaló de supuestamente aliarse con Abelardo de la Espriella para perjudicarlo, además de restringir su derecho a expresarse como víctima reconocida en el proceso seguido contra el expresidente Uribe y en distintos espacios académicos.
En medio de su queja, el ministro solicitó además una investigación sobre el patrimonio de Gregorio Eljach, sugiriendo que podría existir enriquecimiento ilícito vinculado a su presunta cercanía con De la Espriella, Uribe y el exmagistrado Jorge Pretelt Chaljub.
Para sustentar sus sospechas, Montealegre recordó episodios pasados donde Eljach, en calidad de secretario general del Senado, habría sido señalado como responsable de una filtración ilegal de información a favor del magistrado Pretelt durante una investigación de la Comisión de Acusaciones.
El propio Montealegre resaltó que en ese entonces, como fiscal general, ordenó interrogar a Eljach por tal motivo: “Según fuentes de la Fiscalía, los investigadores encontraron ‘todo tipo de obstáculos’ debido a que la oficina dependía de Eljach, y las grabaciones fueron entregadas al personal de la Fiscalía días después. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación, encabezada en ese entonces por mi persona, ordenó interrogar el 19 de junio de 2015 a Gregorio Eljach Pacheco, secretario general del Senado, en relación con las investigaciones sobre la posible filtración de documentos reservados”, relató el ministro en su denuncia ante la Cidh.
A juicio de Montealegre, la decisión actual de la Procuraduría de abrir dos procesos en su contra se explicaría como un acto de “revancha” de Eljach, vinculándolo con los procesos penales que el propio ministro lideró cuando era fiscal.
“Resulta llamativo que el mismo Gregorio Eljach Pacheco —quien en 2015 fue investigado por la Fiscalía que estaba bajo mi dirección por la presunta filtración de documentos reservados en el caso Pretelt— ocupe hoy el cargo de Procurador General de la Nación y haya decidido abrir dos procesos en mi contra, uno por mis opiniones como víctima y otro por presunta participación en política, bajo el supuesto de controversias políticas que él mismo definió en una directiva”, argumentó el ministro.
Finalmente, Montealegre advirtió que la situación reviste una particular urgencia, pues a su entender incrementa el riesgo para la libertad de expresión y podría derivar en una eventual suspensión del cargo: el ministro sostuvo que se han rechazado sus recursos y recusaciones ante la Procuraduría y que el mismo Eljach se habría pronunciado públicamente sobre el proceso, circunstancias que en su criterio agravan la amenaza a sus derechos fundamentales.
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