La Rama Judicial se prepara para un año de estrecheces. Con la aprobación del Presupuesto General para 2026, los organismos del sector justicia enfrentan una reducción de recursos que amenaza con frenar proyectos, afectar la atención al ciudadano y debilitar programas esenciales en materia de derechos humanos, investigación y atención a víctimas.
En total, el gasto nacional quedó fijado en 546,9 billones de pesos, pero las cifras esconden un vacío significativo, 695.000 millones de pesos menos para la justicia. Aunque el ministro de Hacienda, Germán Ávila, insistió en que el déficit general, estimado en 16,3 billones, podría cubrirse con una próxima reforma tributaria, los entes judiciales ya asumen que buena parte de ese hueco no se compensará.
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La reducción golpea a instituciones clave. La Fiscalía General de la Nación perderá 185.105 millones de pesos destinados al funcionamiento. A su vez, Medicina Legal, adscrita a la Fiscalía, deberá afrontar la disminución de 3.342 millones, un reto adicional para su nuevo director, Ariel Emilio Cortés, que busca sostener la operación en regiones donde ya hay limitaciones de personal y equipos.
La Defensoría del Pueblo es una de las entidades más afectadas. Su titular, Iris Marín Ortiz, fue la primera en manifestar públicamente su inconformidad y lanzó una advertencia que resonó en redes sociales: “De aprobarse el presupuesto como se propone en la ponencia, la Defensoría tendrá en el año 2026 el 47,3% menos del presupuesto de inversión que tuvo en 2024. Esto impactará severamente nuestra misionalidad y, particularmente, nuestro despliegue en el territorio”.
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Las cifras respaldan su preocupación. Comparando entre 2025 y 2026, la entidad perderá 59.530 millones de pesos y dejará de recibir otros 151.222 millones que había solicitado para sostener programas en salud, violencia de género y el Acuerdo de Escazú. “Disminuye nuestro apoyo a la superación de la crisis del sistema penitenciario”, concluyó la Defensoría en su pronunciamiento.
La Procuraduría General de la Nación también se vio afectada con un recorte de 12.374 millones de pesos para su funcionamiento. Sin embargo, recibió una asignación extraordinaria de 600.000 millones para crear el Instituto de Estudios del Ministerio Público, una iniciativa impulsada por el procurador Gregorio Eljach. Este contraste ha despertado debate dentro del propio Congreso, donde algunos legisladores cuestionan la distribución de los recursos en un momento de austeridad general.
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Uno de los impactos más delicados se concentra en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que verá reducidos los fondos que había solicitado para sostener su operación. En el anteproyecto de presupuesto, la JEP pidió 761.695 millones de pesos, pero el Congreso aprobó 744.659 millones, con una disminución significativa en el rubro de funcionamiento: 43.263 millones menos.
El recorte afectará la planta de personal y podría dejar sin cobertura el convenio con la Unidad Nacional de Protección (UNP), que garantiza la seguridad de víctimas, testigos y procesados. Los recursos, según los cálculos actuales, solo alcanzarían hasta agosto de 2026, dejando los últimos meses del año en un limbo financiero.
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El recorte a la Rama Judicial no solo representa una reducción contable, pone en riesgo la capacidad del Estado para garantizar derechos y administrar justicia en todo el territorio. Mientras el Gobierno de Petro insiste en que la prioridad será la sostenibilidad fiscal, los directivos judiciales calculan cómo absorber el impacto sin paralizar su labor.
Por ahora, no se conoce si el Ejecutivo planea una adición presupuestal que alivie la situación o si el sector deberá conformarse con el ajuste aprobado. Lo cierto es que, de no llegar nuevos recursos, 2026 podría convertirse en uno de los años más difíciles para la justicia colombiana en la última década.
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