El pasado judicial de Alejandro Andrés Carranza Medina, conocido como Coroncoro, reavivó el debate sobre la legitimidad de la presunta operación militar estadounidense en el Caribe, en la que el colombiano murió.
La revelación de que Carranza estuvo implicado en el robo de 264 armas de la Policía Metropolitana de Santa Marta complicó la narrativa inicial, que lo presentaba únicamente como un pescador víctima de un ataque extranjero.
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El 16 de septiembre, al parecer, una lancha fue alcanzada por un ataque aéreo de Estados Unidos en aguas del Caribe, lo que desencadenó una crisis diplomática entre Bogotá y Washington.
El presidente Gustavo Petro denunció públicamente que el gobierno estadounidense había “violado la soberanía nacional y asesinado a un colombiano inocente”, exigiendo explicaciones y una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
“Era un pescador, no un narcotraficante”, afirmó el mandatario en sus redes sociales, solicitando además protección para la familia de la víctima y la exploración de acciones judiciales internacionales.
Los antecedentes judiciales de Carranza
Sin embargo, la figura de Carranza pronto se vio envuelta en controversia tras salir a la luz su pasado judicial.
Entre marzo y septiembre de 2015, la Fiscalía 19 Seccional del Magdalena descubrió una operación ilegal dentro de la Policía Metropolitana de Santa Marta: 264 armas de fuego incautadas a grupos ilegales desaparecieron del almacén de evidencias de la Sijín, mediante un esquema que involucró falsificación de documentos, corrupción interna y vínculos con bandas criminales.
La investigación condujo a la captura de siete personas, entre ellas el mayor Rolando Pinzón García, cinco uniformados y un civil: Alejandro Andrés Carranza Medina, alias Coroncoro.
De acuerdo con las pesquisas, una patrullera de la Sijín falsificó la firma de un fiscal para autorizar el retiro de las armas, que fueron devueltas a cambio de dinero a la banda criminal Los Pachenca, actualmente conocida como Autodefensas Conquistadores de la Sierra.
Carranza fue el único civil implicado directamente y el único que aceptó los cargos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público y hurto agravado.
El resto de los capturados se declaró inocente. Según investigaciones de medios nacionales como El Heraldo, Carranza habría acompañado en dos ocasiones a uno de los policías implicados para transportar el material bélico extraído del armerillo de la Policía de Santa Marta.
A pesar de estos antecedentes, en el barrio de Gaira, Santa Marta, Carranza era conocido como un hombre de mar. “Era un hombre tranquilo, salía a pescar todas las madrugadas. No tenía enemigos ni andaba en nada raro”, relató Audenis Manjarres, prima de la víctima, en entrevista con Rtvc Noticias.
La familiar reconoció la lancha de Carranza en los videos difundidos internacionalmente sobre el ataque del 16 de septiembre. En las imágenes se observa una embarcación inmóvil con el motor levantado, lo que en el lenguaje marítimo indica una avería o solicitud de auxilio.
Controversia diplomática
Hasta el momento, no se han presentado pruebas públicas que respalden los hechos, lo que incrementó la tensión diplomática entre ambos países.
El hallazgo del pasado judicial de Carranza polarizó el caso. Un experto en derecho internacional consultado por El Tiempo subrayó: “El debate no es quién fue Carranza, sino si un país extranjero puede bombardear una embarcación colombiana sin aviso ni jurisdicción”.
Por su parte, pescadores del Caribe expresaron su preocupación: “Si a un colombiano lo matan en el mar y luego dicen que era narco, cualquiera de nosotros puede ser la próxima víctima”, declaró un pescador de Taganga al mismo medio.
La familia de Carranza sostiene que su pariente murió siendo un pescador honesto y rechaza que su historia sea utilizada como arma política.
El politólogo y analista internacional Gabriel Jiménez Peña señaló que “Colombia podría elevar una nota de protesta formal si la Cancillería considera que existió una violación territorial. El problema es que el propio pasado judicial de la víctima complica la legitimidad política del reclamo”.
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