No todas las narcolanchas son venezolanas, se reveló la verdadera procedencia y cómo operan las bandas criminales

El reciente despliegue de bombardeos selectivos y operaciones encubiertas en el Caribe, ordenado por Donald Trump durante su presidencia, ha transformado la lucha contra el narcotráfico en una confrontación de dimensiones estratégicas, con implicaciones directas para Colombia, Venezuela y la seguridad regional.

Según una investigación de Semana, la ofensiva estadounidense no solo busca desmantelar rutas ilegales, sino que apunta a debilitar las estructuras financieras del régimen de Nicolás Maduro, en un contexto donde la frontera entre la acción antinarcóticos y la presión política se ha vuelto difusa.

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Documentos de inteligencia y testimonios de fuentes militares, recogidos por dicho medio, revelan que muchas de las narcolanchas destruidas por las fuerzas estadounidenses no parten exclusivamente de Venezuela, como sostiene el discurso oficial, sino que tienen su origen en territorio colombiano.

Estas embarcaciones, cargadas de cocaína, operan con respaldo logístico desde Venezuela y cuentan con la protección de redes criminales como el cartel de los Soles.

La coordinación de rutas, la autorización de trayectos y la protección en aguas bajo influencia de organizaciones criminales son facilitadas mediante sobornos y la complicidad de autoridades locales.

El impacto de la ofensiva estadounidense se refleja en la sofisticación de los métodos empleados por los narcotraficantes. Según fuentes de inteligencia consultadas por Semana, el aumento del riesgo ha obligado a los grupos criminales a recurrir a semisumergibles, rutas desviadas y lanchas rápidas de última generación.

Este encarecimiento logístico repercute directamente en el precio final de la cocaína, aunque no ha logrado frenar el flujo de droga hacia el exterior. Un oficial de inteligencia colombiana detalló que “las embarcaciones salen por las islas de San Bernardo, San Andrés o Providencia, aprovechando la complicidad de pescadores locales y embarcaciones artesanales a cambio de dinero”.

El Clan del Golfo emerge como el principal actor en la cadena de producción y exportación de cocaína desde Colombia. Controla cultivos, procesamiento y rutas marítimas, y domina territorios estratégicos como el golfo de Urabá y el norte del Chocó, zonas fronterizas con Panamá.

Estas áreas, bajo influencia del Clan, han sido identificadas como el origen de cerca del 70% de los cargamentos interceptados por las autoridades estadounidenses en las últimas semanas, según datos obtenidos por el medio citado.

El Clan del Golfo, actualmente en diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro y con la mediación de Catar, enfrenta una creciente presión por parte de las fuerzas estadounidenses y la competencia de otros grupos armados.

La respuesta de Estados Unidos ha sido contundente. El uso de drones, rastreo satelital y sensores térmicos instalados en cazas F-18 permite anticipar rutas y monitorear movimientos en tiempo real.

Colombia, por su parte, aporta inteligencia, georreferenciación y la identificación de capitanes reincidentes, aunque enfrenta el riesgo de filtraciones internas que podrían comprometer la operación.

La relación diplomática entre Trump y Petro, marcada por la desconfianza, añade un elemento de tensión a la cooperación bilateral.

Desde septiembre de 2025, Estados Unidos confirmó al menos seis bombardeos en el Caribe, con un saldo oficial de 27 muertos. Uno de los ataques más relevantes, ocurrido el jueves 16 de octubre, dejó sobrevivientes que fueron capturados y permanecen bajo custodia naval estadounidense, un hecho inédito hasta la fecha.

Trump describió este operativo como un ataque contra un “submarino” cargado de droga, aunque en realidad se trató de un semisumergible.

El despliegue militar estadounidense no se limita al ámbito naval. Washington ha movilizado bombarderos B-52, cazas furtivos F-35 desde Puerto Rico, submarinos y buques de guerra, en lo que analistas interpretan como una estrategia de “diplomacia de cañoneras” en América Latina.

Esta semana, se confirmó que Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, con el objetivo de respaldar el componente terrestre de la ofensiva contra las rutas de droga. La justificación legal de estas acciones se basa en la calificación de las organizaciones criminales como “narcoterroristas” y en el principio de legítima defensa recogido en la Carta de Naciones Unidas.

La reacción del régimen de Maduro no se hizo esperar. Venezuela presentó protestas ante la ONU y exigió al Consejo de Seguridad que denuncie los bombardeos como violaciones de soberanía y ejecuciones extrajudiciales.

Maduro acusó a Estados Unidos de utilizar el narcotráfico como pretexto para promover un cambio de régimen, y ordenó el refuerzo de las fuerzas navales, la movilización de la milicia popular y la realización de ejercicios militares en el Caribe. Caracas sostiene que varias de las embarcaciones atacadas eran civiles o pescadores, y cuestiona la autenticidad de los videos y pruebas presentadas por Washington.

La ofensiva estadounidense ha generado también una escalada de tensiones entre las organizaciones criminales en Colombia. El Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN atraviesan crisis internas y disputas por el control de las rutas, mientras que el Tren de Aragua, estructura venezolana con presencia en Colombia, participa en la subcontratación de envíos y busca integrarse a la “paz total” promovida por Petro.

Un agente antinarcóticos relató a Semana que “están tercerizando los viajes. Mandan gente de confianza o navegantes que aceptan el riesgo a cambio de un pago alto. Muchos dejan un anticipo a sus familias porque saben que tal vez no regresen”.

El tráfico marítimo de cocaína sigue siendo altamente rentable, a pesar de los riesgos. Un informe indica que un kilo de cocaína puede alcanzar los USD 156.000 en Australia, USD 66.000 en Holanda y unos USD 14.000 en México.

Además, las embarcaciones no siempre regresan vacías: suelen transportar dólares para lavar o armas automáticas destinadas a los grupos armados en Colombia, perpetuando un ciclo de ilegalidad.

El método de bombardeo empleado por Estados Unidos ha sido objeto de debate. Altos mandos militares colombianos consideran que ha resultado efectivo para frenar las salidas de droga: “No hay repetición posible. Si destruyen una lancha, no vuelve a zarpar. En cambio, desde las cárceles colombianas, los capos siguen coordinando operaciones con total impunidad”.

El cierre parcial del corredor caribeño ha obligado a los narcotraficantes a reactivar rutas en el Pacífico, controladas por el ELN y las disidencias de las Farc, aunque estas presentan mayores riesgos debido al uso de semisumergibles artesanales capaces de transportar hasta tres toneladas de cocaína desde zonas como Nariño y el Cauca.

Fuentes vinculadas a la operación señalaron que “en este negocio nada es improvisado. Todo está calculado al milímetro con complicidad de fuerzas locales y apoyo logístico desde Venezuela. Lo que buscan los estadounidenses es llevar al límite a los grandes exportadores y demostrar que pueden volver a dominar el Caribe”.

El papel de Colombia ha sido clave en la georreferenciación de envíos y la identificación de capitanes reincidentes, como parte de un plan mayor de Estados Unidos para presionar a los grandes carteles y reactivar su presencia militar en la región.

En el ámbito político estadounidense, legisladores de ambos partidos han exigido mayor transparencia sobre los bombardeos en el Caribe, cuestionando la falta de autorización del Congreso y advirtiendo sobre el riesgo de uso excesivo de la fuerza.

Washington, al presentar a los traficantes como “combatientes ilegales” y legitimar los bombardeos como actos defensivos, busca construir una justificación legal que permita futuras acciones dentro de territorio venezolano sin necesidad de declarar la guerra.

El Caribe dejó de ser un simple corredor para narcolanchas y se ha convertido en un frente estratégico donde Colombia desempeña un papel central. Las explosiones al amanecer, los sobrevuelos intimidantes y los ataques selectivos ya no pueden interpretarse únicamente como operaciones antinarcóticos, sino como manifestaciones de poder y advertencias de un conflicto de mayor envergadura.