El 10 de octubre de 2025, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia hizo una denuncia pública que relaciona a María Alejandra Rojas Ordóñez, delegada presidencial en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional.
La congresista la señaló de infringir el Código General Disciplinario al presuntamente involucrarse en actividades políticas mientras ejerce funciones públicas.
De acuerdo con la denuncia de Valencia, “aunque Rojas no es funcionaria pública, sí es una particular que ejerce funciones públicas en el Consejo Superior Universitario y, por lo tanto, no puede participar en política”. Pues, está haciendo campaña para llegar a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico.
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En consecuencia, aseguró que es urgente que la Procuraduría General de la Nación actúe frente a lo que sería una vulneración de la prohibición de participación política.
Acciones legales contra Paloma Valencia
La respuesta de María Alejandra Rojas no se hizo esperar. El 17 de octubre, la delegada presidencial informó que presentó acciones legales contra la legisladora ante la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento.
“Anuncio que hemos emprendido acciones legales en contra de la senadora Paloma Valencia. En realidad, vienen por la Universidad Nacional de Colombia. Lo hacen poniendo en entredicho, estigmatizando y hostigando a quienes hemos defendido una visión distinta de, de la educación y de la universidad”, señaló Rojas Ordóñez.
Aclaró que, así como afirmó Valencia, en el pasado, trabajó en el Congreso de la República, en la Unidad Técnica Legislativa de la curul de paz de Seuxis Hernández Pausias Olarte, Jesús Santrich, excomandante de las Farc, señalado de narcotráfico. Rojas aseguró que esa vinculación laboral que tuvo no constituye ningún delito.
Aunado a ello, aseguró que, con la denuncia pública de Valencia, se le están vulnerando sus derechos políticos y constitucionales a la participación política. Esto, teniendo en cuenta que no es servidora pública. De hecho, indicó que no recibe ninguna remuneración por parte de la institución educativa por la representación que hace la Presidencia de la República en el CSU.
“No recibo salario de la Universidad Nacional y he sido muy cuidadosa en mi responsabilidad. No he aprovechado mi función ni los recursos públicos para satisfacer intereses personales, familiares o de particulares. Sin embargo, no estoy segura de que todas las partes involucradas en este debate puedan decir lo mismo sobre sí”, precisó.
Indicó, además, que hay ningún proceso penal y disciplinario en su contra, lo que contrasta con “juicios públicos” que estarían haciendo en su contra, compuestos por información presuntamente manipulada. En ese sentido, instó a la congresista a debatir con ella, desde los argumentos, el respeto y la ética.
Paloma Valencia negó haber incurrido en hostigamiento y calumnia
Paloma Valencia respondió a las acciones legales emprendidas en su contra, argumentando que solicitar una investigación a la Procuraduría por presunta participación en política no constituye hostigamiento ni calumnia; aseguró que hace parte de su función constitucional de control político.
Asimismo, reiteró que, la Procuraduría advirtió en la Directiva 013 del 28 de agosto de 2025 que quienes ejercen funciones públicas no pueden participar en política.
“Usted, al ser miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, es una particular que ejerce funciones públicas (…). La prohibición de participar en política vincula tanto a los funcionarios públicos como a los particulares que ejercen funciones públicas, como usted”, indicó.
Asimismo, aclaró que afirmar que hizo parte de la UTL de Jesús Santrich no debe considerarse como un hostigamiento, puesto que es un hecho cierto y probado. “Seguiré investigando y denunciando lo que ocurre en la Universidad Nacional”, concluyó.
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