Gobierno negó injerencia en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, tras polémica por posible censura a la prensa

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) emitieron pronunciamientos para aclarar su autonomía frente al Gobierno y la no participación del Ejecutivo en decisiones sobre contenidos audiovisuales, luego de cuestionamientos sobre posible censura hacia los medios.

El Ministerio TIC publicó un comunicado en el que desmintió cualquier participación en la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la CRC. En el documento se señaló que “ni el Presidente de la República, ni la entidad participan ni tienen asiento en la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales de la CRC. Los comisionados de esta Sesión son elegidos por mérito”, destacando la independencia administrativa, técnica y patrimonial del órgano regulador.

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La entidad explicó que la CRC funciona como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con independencia presupuestal y sin personería jurídica, y que no está sujeta a control jerárquico ni de tutela, según lo establecido por la ley.

Estructura de la CRC, según el Gobierno

El comunicado detalla la estructura de la Comisión, que se organiza en dos sesiones con competencias distintas:

• Sesión de Comisión de Comunicaciones: integrada por cuatro personas. Entre ellas, un Comisionado Experto que debería ser designado por el presidente, nombramiento que no se ha efectuado en el periodo actual; dos comisionados seleccionados mediante concurso público de méritos, sin intervención del Ejecutivo ni del Ministerio TIC; y este último o su delegado, quien participa con voz y voto pero sin potestad jerárquica ni de dirección sobre la Comisión. Esta sesión regula mercados de redes, telecomunicaciones, televisión por suscripción y servicios postales.
• Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales: compuesta por tres comisionados elegidos por operadores públicos regionales, la sociedad civil y el sector audiovisual, todos mediante concursos públicos. La selección se realiza por mérito, asegurando autonomía frente al Gobierno y el sector regulado, y la sesión se encarga de regulación de contenidos, protección de derechos de audiencias y pluralismo informativo.

Respuesta de la comisión ante la polémica

La controversia se originó el viernes 10 de octubre, tras la divulgación de una carta de Zoila Vargas Mesa, coordinadora Ejecutiva de la CRC, dirigida a operadores de televisión. La misiva solicitaba información sobre los contenidos periodísticos, incluyendo “cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques”, así como “soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de esas decisiones”.

El requerimiento generó rechazo de periodistas, directores de medios y organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), su directora Sofía Jaramillo expresó que la carta “sí puede considerarse como censura indirecta”, argumentando que solicitar actas de comités editoriales “puede generar desconfianza, inhibir la deliberación interna y afectar la independencia de los medios”.

En respuesta, la CRC informó el miércoles 14 de octubre que retiró la solicitud y anunció la creación de un espacio de trabajo colaborativo, destinado a fortalecer la confianza entre la comisión y los medios, así como a promover estrategias conjuntas sobre pluralismo informativo.

Según la entidad, “a este ejercicio serán invitadas entidades interesadas, entre ellas la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para que, si así lo estiman pertinente, participen como garantes del proceso, asegurando su desarrollo en un marco de transparencia, participación y construcción colectiva”.

La CRC aclaró que el requerimiento inicial no tenía fines punitivos. “Con esto no estamos pensando en hacer una investigación o una sanción”, precisó, y recalcó que los medios mantienen libertad de programación y de expresión. Además, reiteraron que “no tenemos ninguna injerencia del gobierno nacional en las decisiones que tomamos. No hemos hablado sobre el tema”.

Por último, la Comisión destacó que actuó dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales con el objetivo de promover el pluralismo, la imparcialidad informativa y proteger los derechos de las audiencias.