
La familia de Alexánder Avendaño rechazó con firmeza los señalamientos sobre la responsabilidad del joven en el suceso ocurrido en el embalse El Peñol-Guatapé y que derivó en su muerte.
“Eso es completamente falso. Ellos están buscando la forma de encubrir todo. En ese planchón hubo todas las irregularidades que uno se pueda imaginar”, declaró Alberto Avendaño, padre de la víctima, en entrevista con Teleantioquia, en referencia a la empresa operadora de la embarcación. Además, sostuvo que las acusaciones buscan “evadir responsabilidades” y rechazó que Alexánder tenga la culpa del incidente.
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Irregularidades en la seguridad de la embarcación
Según el testimonio de Alberto Avendaño, recogido por el medio antioqueño mencionado, existieron fallas en los protocolos de seguridad durante la travesía. Señaló que la empresa operadora no exigió el uso de chalecos salvavidas y que, aunque los pasajeros subieron con ellos, se los quitaron sin que nadie se los hiciera poner de nuevo.
La distribución del metraje con imágenes de agresión y omisión de ayuda obliga a los encargados de la investigación a reevaluar las posibles responsabilidades de quienes estaban presentes durante el incidente
El padre sostuvo que debe haber un rescatista profesional a bordo. “La embarcación debió tener un profesional salvavidas o rescatista, por si se llegaba a presentar un incidente como el que ocurrió y en el cual perdió la vida Alexander”, explicó en Teleantioquia.
Además, criticó que la tripulación no interviniera de manera oportuna: “Ellos, como empresa, debían exigir que los pasajeros llevaran los chalecos. Si se los quitaron, debieron parar la embarcación o devolverse y bajar al personal, pero no transportar a la gente con la inseguridad en que lo hicieron”.
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Alberto Avendaño insistió en que las irregularidades de seguridad observadas reflejan una falta de medidas de seguridad necesarias para las actividades recreativas en el embalse.
Acusaciones sobre venta de licor y estupefacientes
El padre fue más allá en sus denuncias y, tanto en Semana como en Teleantioquia, aseguró que a bordo del planchón se vendían venta de licor y estupefacientes. Planteó preguntas directas sobre la actuación del piloto de la embarcación:
“¿Por qué el piloto de la embarcación no denunció que se estaba vendiendo y consumiendo trago y estupefacientes? ¿Están utilizando la empresa para vender estupefacientes?”, cuestionó.

Para Alberto Avendaño, estos hechos agravan la posible negligencia de la operadora y por eso pidió a las autoridades determinar si la venta de licor y estupefacientes fue permitida o facilitada durante la jornada.
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Desmentido de versiones y pedido de justicia
En relación con las versiones que circularon en redes sociales y entre algunos testigos, Alberto Avendaño desmintió que su hijo hubiese tenido un comportamiento indebido antes de la agresión.
“Eso también es falso. Si eso fuera cierto, ¿por qué no se quedaron para contar cómo fueron las cosas? Ese día, todos se vinieron diciendo que estaban sobre el tiempo. Prácticamente ellos huyeron; a él lo torturaron, lo golpearon, le quitaron la ropa. Gritaban: ‘Ahóguenlo’. Nada más, con todo, él no aguantó la presión y se tiró al agua. Para mí, eso es más que un homicidio y esperamos que eso se aclare porque, hasta ahora, no se ha hecho nada””, afirmó en Teleantioquia.
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Preocupado por la difusión de rumores sobre presuntas conductas indebidas de Alexander, el padre anunció que, junto con su abogado, evalúan acciones legales tanto contra la empresa como contra las personas señaladas en los incidentes.

Hasta ahora, Alberto Avendaño sostiene que no ha habido una respuesta efectiva de las autoridades y que “no se ha hecho nada” para esclarecer la verdad y determinar responsables.
Sin embargo, Inversiones Los Lagos de Guatapé, encargada de la embarcación, sostuvo en un comunicado que el planchón “contaba con todos los permisos y requisitos exigidos por la normatividad vigente, incluyendo certificados técnicos, pólizas, equipos de seguridad y protocolos de prevención para pasajeros y tripulación”.
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La compañía añadió que no tiene facultades legales para realizar requisas, practicar pruebas de alcoholemia ni ejercer funciones reservadas para la policía o la autoridad portuaria.
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