Iván Cancino descartó la suspensión inmediata de Gustavo Petro por presunta participación en política: “No hay tiempo para que se haga efectivo”

La circulación de una resolución que menciona la posible suspensión del presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio a raíz de una presunta participación indebida en política ha generado amplia controversia en Colombia.

La medida, radicada a las 09:06 a. m. del 10 de junio de 2026 por la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ha sido objeto de análisis por parte de expertos legales como Iván Cancino, quien cuestionó tanto la viabilidad jurídica del procedimiento como su fundamento constitucional.

Según el abogado, el marco normativo colombiano establece mecanismos específicos para sancionar al jefe de Estado, los cuales, según su interpretación, no se estarían cumpliendo en este caso.

“No nos dejemos desviar la atención. La suspensión del Presidente de la República por parte del Congreso no va a ocurrir. No porque el Presidente no haya participado en política, sino porque no dan los tiempos como lo manifiesto en el video”, aseguró.

De acuerdo con las declaraciones de Iván Cancino en un video en redes sociales, el presidente de la República está sujeto a un régimen disciplinario que excluye la posibilidad de que un solo miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pueda decretar una suspensión.

El penalista enfatizó: “Ni siquiera la Comisión en pleno tiene esa facultad; sólo el Senado, después de un trámite extenso, podría decidir al respecto”.

El procedimiento para suspender al titular del Ejecutivo, según Cancino, exige la aprobación de los 18 integrantes de la Comisión de Acusaciones, la existencia de quórum y el traslado del caso a la plenaria de la Cámara. Posteriormente, correspondería al Senado de la República adoptar una decisión definitiva.

“No hay tiempo para que se haga efectivo antes del 21 de junio”, sostuvo el jurista, quien consideró que el trámite se extendería mucho más allá de la fecha señalada en la resolución que circula en redes.

El abogado reconoció que puede existir un debate sobre la conducta del presidente en materia de participación política, pero insistió en que “no tienen la capacidad ni la competencia para suspenderlo, independientemente de si es cierto o no el fundamento”.

Según Cancino, el proceso disciplinario previsto por la normativa colombiana establece salvaguardas institucionales que impiden decisiones unilaterales o expedientes exprés contra el mandatario.

En su análisis, Cancino también hizo referencia a recientes decisiones judiciales que, a su juicio, despiertan inquietudes sobre la coherencia constitucional y la lógica jurídica de algunos funcionarios.

“Hemos tenido decisiones que sí dan un tufillo de que algo está pasando”, alertó el penalista en su intervención. Expresó su confianza en la mayoría de los jueces y magistrados, aunque advirtió sobre la existencia de resoluciones que generan preocupación en ciertos sectores.

El caso de Abelardo de la Espriella fue mencionado como ejemplo de lo que Cancino considera inconsistencias en el sistema judicial actual. Según el penalista, “la víctima de esas decisiones es Abelardo de la Espriella y su campaña”.

Se refirió a la controversia sobre símbolos patrios y frases como “Firmes por la Patria” o “Defensores de la Patria”, así como la utilización de camisetas y logos que, según algunas resoluciones oficiales, podrían vulnerar normas constitucionales.

El debate sobre la suspensión presidencial se da en un contexto de alta polarización política y con precedentes de decisiones disciplinarias que han generado críticas desde distintos sectores.

En relación con la posible suspensión, Cancino finalizó que, aunque la figura presidencial pudiera haber incurrido en conductas políticas prohibidas, el sistema colombiano impide que “un solo funcionario judicial” adopte medidas tan graves sin el respaldo de todo el proceso parlamentario. Para el penalista, la resolución divulgada en redes sociales “no va a tener ningún efecto si es real esa decisión”.

El caso continuará en observación mientras los órganos competentes examinan la legalidad y el alcance de la resolución difundida en un ambiente políticamente polarizado tras las elecciones presidenciales en segunda vuelta que se llevarán a cabo el próximo 21 de junio de 2026.