Gobernadora del Valle del Cauca asegura que han tenido que usar la fuerza para desbloquear las vías: “No es una protesta pacífica”

En medio de las protestas organizadas por integrantes del Congreso de los Pueblos, la vía que une Buenaventura con el resto del Valle del Cauca sigue bloqueada por cuarto día consecutivo.

La movilización, que comenzó al inicio de la semana, ha impactado el flujo vehicular en uno de los principales corredores del país, generando impactos directos en el sector turístico, el comercio y la logística de transporte con múltiples destinos.

Ante esta situación, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, manifestó preocupación por los efectos del cierre y cuestionó el origen de los manifestantes: “Las personas que están ahí pertenecen a un Congreso de los Pueblos que realmente no son de la comunidad de La Delfina, ni de Lobo Guerrero, ni de Buenaventura. Son comunidades que han venido de otros lugares y que se han puesto de acuerdo para bloquear cuatro departamentos”.

La mandataria aseguró que los bloqueos están motivados por el incumplimiento de acuerdos nacionales que se pueden solucionar en Bogotá, pero como no hay avances hay repercusiones en las regiones.

Según cifras oficiales, en este momento se encuentran represados alrededor de ocho mil vehículos, junto con ciento cincuenta mil toneladas de carga, y las pérdidas económicas superan los treinta mil millones de pesos.

Además, hay reportes de desabastecimiento que han impactado a sectores estratégicos como los combustibles y el gas natural, tal como advirtió la empresa Gases de Occidente.

El colapso logístico afecta tanto a la economía regional como a la prestación de servicios sociales, pues “el miércoles teníamos represados ocho camiones de alimentos para los comedores que les da la gobernación a Buenaventura, a sesenta comedores más los de la tercera edad”, detalló Toro.

La gobernadora del Valle advirtió que las autoridades han recurrido a la fuerza para restablecer el paso: “Llevamos tres días y ya hemos tenido que actuar dos veces porque se agotaron los recursos del diálogo. Hoy tenemos personas heridas, hay tres policías heridos con papas bombas. No es una protesta pacífica”.

En medio de este tema, se ha recordado que bloquear una vía nacional en Colombia constituye un delito conforme al Código Penal, en los artículos 353 y 353A.

Esta conducta se sanciona cuando el cierre se lleva a cabo mediante medios ilícitos y afecta la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el ambiente o el derecho al trabajo.

La Corte Constitucional ha considerado válida esta penalización, precisando que no vulnera el derecho a la protesta pacífica, ya que la ley se orienta a sancionar solamente aquellas manifestaciones que recurren a la violencia. Voceros del sector transporte han señalado que este año se han registrado alrededor de 700 bloqueos en el país y que no tienen reporte de la primera captura por estos hechos.

Mientras tanto, en Bogotá se vive una atmosfera de tensión entre el Gobierno nacional y los manifestantes, pues se han tomado varios edificios del Estado como el Ministerio de Vivienda, el del Interior y Agricultura, por lo pronto no se han avanzado en diálogos entre las partes.

Ahora mismo hay una polémica por las declaraciones del ministro del Interior, quien afirmó que las protestas estaban intervenidas por “criminales” que no estaban ayudando a que se mantuviera el “orden” y el rol pacífico que deben tener estas jornadas.

Se espera que en los próximos días hayan avances significativos para evitar más problemas no solo en las regiones sino en la gestión públicas de las oficinas del Estado en las que están albergados los integrantes del Congreso de los Pueblos, quienes llegaron a la capital del país en la madrugada del 9 de octubre y han protagonizado diferentes plantones en la ciudad.