El presidente Gustavo Petro anunció que ordenó una investigación formal contra los operadores móviles de 5G en Colombia, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) identificara presuntas fallas en los procedimientos de reposición de tarjetas SIM.
A través de su cuenta en X, el jefe de Estado indicó: “He solicitado que se haga la investigación sobre si los operadores de 5G hicieron sus ‘obligaciones por hacer’, que es parte del pago del contrato, o se incumplieron los contratos con lo cual hay que proceder de acuerdo a la ley”.
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La alerta de la Superintendencia de Industria y Comercio
El pronunciamiento del mandatario se dio después de que la SIC señalara a los principales operadores del país —Tigo, Claro, Movistar y WOM— de permitir el intercambio no autorizado de tarjetas SIM, práctica conocida como SIM Swapping. Según la entidad, esta actividad habría vulnerado los derechos de los usuarios al no contar con mecanismos seguros para verificar su identidad durante el proceso de reposición.
El organismo precisó que las compañías también habrían fallado al no aplicar controles periódicos que garantizaran la eficacia de sus medidas de seguridad, pese a conocer posibles vulneraciones en este servicio. Además, no habrían ofrecido respuestas claras a los clientes que denunciaron reposiciones realizadas sin su autorización.
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Sanciones y plazos del proceso
De acuerdo con la SIC, las resoluciones que formulan los cargos no admiten recurso alguno, al tratarse de actos de trámite, y las empresas tienen un plazo de quince días hábiles desde la notificación para ejercer su derecho a la defensa. En caso de comprobarse las infracciones, los operadores podrían recibir sanciones de hasta 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada empresa.
El comunicado oficial destacó que la investigación “reafirma el compromiso de la Superintendencia como garante de los derechos de los usuarios en el sector de las telecomunicaciones”.
Riesgo de fraude y alertas internacionales
La SIC advirtió que el SIM Swapping puede facilitar fraudes financieros al permitir que los delincuentes accedan a las cuentas personales de las víctimas. Según un documento de 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), esta modalidad consiste en engañar al proveedor de telecomunicaciones para transferir el número telefónico de la víctima a una tarjeta SIM controlada por el delincuente.
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Este proceso, explicó el informe, posibilita evadir los sistemas de autenticación de dos factores usados por bancos y otras plataformas digitales, lo que facilita el acceso no autorizado a información y recursos financieros.
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