Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín y exprecandidato presidencial, Daniel Quintero, se vio involucrado en el uso indebido de un inmueble administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que al parecer, se utilizó para reuniones privadas y encuentros entre empresarios que hoy son materia de investigación penal.
Además, Miguel Quintero está ligado a un entramado de contratos cuestionados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), que ascienden a más de $17.000 millones, pruebas que fueron presentadas por la Fiscalía General de la Nación.
Por lo anterior, se han intentado buscar respuestas de parte del político, aspiración que ha sido fallida por entidades y medios de comunicación, en medio de la controversia que se ha desatado por las presuntas actividades ilegales que rodean a su familia.
Sin embargo, y luego del comunicado que emitió la SAE, donde afirman que la ocupación del apartamento en cuestión por Miguel Quintero Calle no puede ser confirmada por falta de soportes y documentaciones, Daniel Quintero se pronunció y aseguró que la derecha del sector político en el país está involucrada en dichas acusaciones a su hermano.
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En su cuenta de X, su pronunciamiento fue corto pero contundente, acusando de un posible hostigamiento en su contra.
“He sido la persona más perseguida de la historia. La SAE confirma que mi hermano nunca tuvo negocios con la SAE. La derecha es nefasta”.
Aun así, ha venido aumentando cuando se revelaron imágenes y conversaciones por whatsApp, material probatorio en el cual se ve a Miguel Quintero, en el lugar, en compañía de Jorge Liévano, exgerente de Metroparques, que también es investigado por la Fiscalía General de la Nación.
Comunicado de la SAE
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha confirmado que el apartamento 1602 del edificio Sierraalta en Medellín permanece desocupado y bajo su administración directa desde enero de 2022, en respuesta a recientes informaciones que vinculan a Miguel Quintero Calle con la propiedad.
La entidad estatal aclaró que, desde el 13 de junio de 2003, el inmueble ubicado en la Calle 7 Sur #23-10, barrio El Poblado, ha estado bajo su control tras ser objeto de un proceso de extinción de dominio.
Según el comunicado emitido por la SAE el 14 de octubre de 2025, el apartamento fue entregado en administración al depositario Uver Giraldo Muñoz Valencia mediante la Resolución 1613 del 8 de noviembre de 2019, quien asumió la custodia del bien el 14 de febrero de 2020.
Posteriormente, la Resolución 2385 del 22 de noviembre de 2021 dispuso la remoción del depositario, lo que llevó a que la SAE retomara la administración directa del inmueble el 17 de enero de 2022. Desde esa fecha, el estado del apartamento es desocupado.
En relación con las versiones que sugieren una posible ocupación del inmueble por parte de Miguel Quintero Calle, la SAE informó que no existen documentos que respalden la existencia de un contrato entre dicha persona y la administración de la propiedad horizontal. La entidad también indicó que solicitó información a la administración del edificio Sierraalta y, hasta el momento, no ha recibido respuesta a su requerimiento.
El apartamento que se ha convertido en motivo de discordia y el eje central destapar irregularidades en Antioquia, se encuentra actualmente priorizado para venta por la Dirección Comercial de la SAE, motivo por el cual no está disponible para arrendamiento ni aparece publicado como tal.
La Sociedad de Activos Especiales reiteró su compromiso con la transparencia, la gestión responsable y la protección del patrimonio público, y aseguró que continuará realizando las verificaciones necesarias para esclarecer los hechos mencionados.
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