La condena de una exfuncionaria de Migración Colombia por exigir sobornos a viajeros en el aeropuerto internacional El Dorado ha puesto en el centro del debate la integridad de los controles migratorios en uno de los principales puntos de entrada y salida del país.
En la mañana del domingo 12 de octubre de 2025 se confirmó que Leidy Marcela Quinche Cante, que trabajaba en los filtros migratorios de la terminal aérea de Bogotá, recibió una sentencia de cuatro años y tres meses de prisión tras admitir su responsabilidad en el delito de concusión, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas sobre su conducta.
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El fallo, emitido por un juez penal de conocimiento de Bogotá, contempla la privación de la libertad, una multa equivalente a 36.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 43 meses. Por su condición de madre cabeza de hogar, la exfuncionaria cumplirá la pena en su domicilio, según lo dispuesto en la sentencia.
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Las investigaciones revelaron el modus operandi de Quinche Cante, que utilizaba su posición para solicitar pagos a pasajeros que no cumplían con los requisitos legales para viajar al exterior o que no contaban con la documentación necesaria para salir del país con menores de edad.
Las cámaras de seguridad del aeropuerto registraron a la exfuncionaria recibiendo sobres con dinero, tanto en pesos como en dólares, de manos de los viajeros que buscaban evitar sanciones o conseguir la autorización de salida.
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Entre el 15 de diciembre de 2024 y el 8 de marzo de 2025, la Fiscalía documentó al menos seis episodios en los que Quinche Cante recibió sumas de dinero a cambio de facilitar trámites migratorios. Estos hechos, respaldados por registros audiovisuales, permitieron a las autoridades judiciales establecer la responsabilidad de la exfuncionaria y avanzar en el proceso penal que culminó con la condena.
El caso ha generado preocupación sobre la eficacia de los mecanismos de control y la transparencia en los procesos internos de Migración Colombia. La situación evidencia vulnerabilidades en la supervisión de los funcionarios encargados de la seguridad y movilidad internacional, especialmente en el aeropuerto El Dorado, uno de los más transitados de América Latina.
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Y es que este no es el único caso que ha mantenido inmersa a la terminal aérea de las polémicas.
Funcionarios del aeropuerto El Dorado han protagonizado múltiples polémicas
Por ejemplo, otro caso relevante involucra a controladores aéreos que fueron suspendidos tras el ingreso irregular de un menor de edad —18 años, sin experiencia ni autorización— quien habría dado instrucciones, aunque por un corto lapso, desde la torre de control del aeropuerto.
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Las licencias de los controladores implicados fueron suspendidas temporalmente mediante la resolución 1923 del 25 de julio de 2025, y se abrió un expediente interno para determinar responsabilidades disciplinarias.
Además, se descubrió una red de tráfico de drogas que operaba desde dentro de la terminal aérea.
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Cuatro empleados de una empresa de seguridad de El Dorado fueron acusados de liderar envíos de cocaína y marihuana hacia España, utilizando uniformes, chalecos y permisos internos para movilizar las sustancias en zonas operativas del aeropuerto.
También en otro caso, un agente adscrito a la Dirección Antinarcóticos fue destituido e inhabilitado por 16 años por colaborar en el envío de 500 kilos de cocaína al Reino Unido.
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Estos hechos han generado fuertes reacciones institucionales: la Aeronáutica Civil, la Fiscalía, la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otros organismos de control han exigido sanciones, investigaciones y medidas de mejora en los protocolos de seguridad y supervisión interna.
La combinación de corrupción administrativa, aprovechamiento irregular de funciones y vulneraciones en áreas sensibles prioritarias como el control aéreo y migraciones ha puesto en entredicho la gestión y vigilancia del aeropuerto, considerado uno de los nodos más críticos para la seguridad y la imagen internacional del país.
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