Comandante de la Coordinadora del Pacífico advierte que la paz total no depende solo de las armas: “Si el pueblo no quiere, habrá otros 50 años de guerra”

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, surgida a finales de 2024 tras la escisión interna en la Segunda Marquetalia, se ha convertido en el tercer gran proceso de negociación con grupos armados dentro de la política de paz total del Gobierno.

Esta agrupación nació cuando los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico decidieron desvincularse de la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, y mantener un diálogo directo con el Estado colombiano. Estas facciones operan principalmente en Nariño, Putumayo y Cauca, y agrupan alrededor de 3.000 combatientes.

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La ruptura se precipitó luego de la difusión de una carta atribuida a Márquez, cuyo paradero sigue siendo desconocido, en la que desautorizaba la mesa de negociaciones. Aunque la autenticidad del documento no ha sido verificada, su impacto fue determinante para la división interna.

Tras la escisión, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ha continuado con los diálogos, acordando pasos concretos como la creación de zonas de ubicación temporales para 120 combatientes y la entrega de material bélico, mientras busca avanzar hacia la desmovilización y la reincorporación a la vida civil.

“Entregar las armas antes de agosto de 2026 es imposible”, aseguró Walter Mendoza, comandante de la Coordinadora del Pacífico, en entrevista con Semana. Según el líder insurgente, la desconfianza hacia el Estado colombiano sigue siendo un obstáculo central para alcanzar la paz total, pese a los avances parciales en las negociaciones.

Mendoza recordó que la captura de Andrés Rojas, alias Araña, delegado de los Comandos de la Frontera, generó un quiebre en las conversaciones. La intervención de la DEA y la falta de acompañamiento internacional habrían creado un clima de inseguridad que detuvo la mesa de diálogo durante 90 días.

“Si el pueblo no quiere, habrá otros 50 años de guerra”, advirtió Mendoza, insistiendo en que la paz dependerá del compromiso social y político de comunidades afro, indígenas, campesinas y estudiantiles, junto con los sectores más pobres, para construir un movimiento que impulse la democracia y los cambios estructurales.

Actualmente, la Coordinadora mantiene alrededor de 3.000 hombres en Nariño y Putumayo. Pese a avances como la entrega de 14 toneladas de explosivo y la propuesta de un plan piloto de reincorporación de 120 combatientes, Mendoza aseguró que entregar las armas sin condiciones de seguridad y confianza es inviable. Propone, en cambio, planes piloto de sustitución de cultivos de coca por cacao y caña.

En lo político, descartó que su grupo busque interferir en elecciones o obtener curules en el Congreso; de firmarse la paz, sus miembros se dedicarían a la agricultura. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se ha consolidado como un actor clave en la política de paz del Gobierno, junto a los suspendidos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias agrupadas en el Estado Mayor Central (EMC).

El proceso de negociación ha atravesado momentos críticos. El 12 de febrero de 2025, al cierre de la tercera ronda de diálogos, la Fiscalía detuvo en Bogotá a Andrés Rojas en cumplimiento de una circular roja de Interpol con fines de extradición por cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

Este hecho representó un revés para la delegación, aunque las conversaciones continuaron. Durante el quinto ciclo, celebrado en mayo de 2025, se acordó la creación de dos zonas de ubicación temporales en Nariño y Putumayo, además de compromisos de desminado y entrega de material bélico.

El encaje legal de estas disidencias sigue siendo un reto. Mientras persistan conflictos armados no internacionales —ocho en total, cinco de ellos con disidencias de las Farc—, el Gobierno debe definir si estos grupos serán tratados como actores políticos, al estilo del ELN, o como organizaciones criminales.

Mendoza recordó que la desconfianza hacia el Estado viene desde los acuerdos de 2016, que, según él, no fueron respetados, y criticó la falta de garantías para los excombatientes en las zonas veredales.

Para el líder insurgente, la paz depende de generar confianza, seguridad y participación social. Sin estos elementos, insiste, la entrega de armas seguirá siendo un objetivo inalcanzable y el país podría enfrentar décadas más de conflicto.