La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia está bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, que abrió una investigación preliminar tras detectar presuntas irregularidades en la contratación directa con la Imprenta Nacional de Colombia para la expedición de cédulas de extranjería.
La situación podría haber afectado a los usuarios y comprometido recursos públicos superiores a los $6.600 millones.
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El proceso investigativo busca determinar la responsabilidad de funcionarios y contratistas de Migración Colombia involucrados en el contrato, que, según la Procuraduría, presentó aparentes falencias desde su inicio.
Supervisores del proceso y comunicaciones entre las partes habrían documentado presuntos incumplimientos por parte de la Imprenta Nacional, lo que llevó al contratista a implementar un plan de contingencia para imprimir y entregar de inmediato los documentos pendientes, esfuerzo que finalmente no tuvo éxito.
“De acuerdo con la queja recibida por el ente disciplinario, la situación habría obligado al contratista a generar un plan de contingencia orientado a la impresión y entrega inmediata de los documentos pendientes a la fecha, sin aparentemente tener éxito, lo cual condujo al incumplimiento del contrato con la consiguiente afectación a los usuarios”, explicó la Procuraduría.
La cédula de extranjería es el documento de identificación de los extranjeros residentes en Colombia y, además, funciona como documento de viaje para países miembros del Mercosur.
En este contrato, los recursos comprometidos superan los $6.600 millones, un monto significativo dentro de los presupuestos destinados a la atención migratoria.
El año pasado, además de las quejas ciudadanas por retrasos en la entrega de los documentos, surgieron problemas relacionados con la subcontratación y alianzas con terceros.
Internamente, las entidades estuvieron cerca de un conflicto con la firma mexicana Accesos Holográficos, encargada de apoyar la impresión y personalización de las cédulas de extranjería.
En julio de 2024, la Procuraduría ya había iniciado otra investigación disciplinaria contra el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, y el exgerente (e) de la Imprenta Nacional, Andrés René Chaves, por presuntas irregularidades en el contrato de impresión de cédulas.
La investigación apuntaba a una aparente falta de idoneidad de la Imprenta Nacional, que derivó en la subcontratación total de los servicios y posibles vulneraciones a la libre concurrencia de oferentes, dado que el contrato se adjudicó de manera directa.
De comprobarse las irregularidades, los servidores públicos implicados podrían enfrentar sanciones que incluyen inhabilidad o suspensión para ejercer cargos estatales. La Procuraduría continúa recolectando pruebas para determinar las conductas bajo investigación y establecer responsabilidades.
Los datos de agosto habrían sido positivos
Sin embargo, a pesar de estos cuestionamientos, el proceso de producción y distribución de las cédulas de extranjería en Colombia registró avances importantes, de acuerdo con la entidad.
Según datos oficiales de Migración Colombia, hasta agosto de 2025 se habían entregado 69.410 documentos, en un contexto en el que se gestionaron 72.394 solicitudes, lo que evidencia una eficiencia notable en la articulación entre distintas entidades públicas.
La entidad informó que la tasa de impresión alcanzó el 95,9% en el periodo mencionado, superando diversos desafíos técnicos y operativos.
Este resultado ha sido posible gracias a la colaboración de múltiples actores, entre los que destaca la Imprenta Nacional, que por primera vez asumió la responsabilidad total de la producción de las cédulas de extranjería, asegurando el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad.
La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que “el proceso de impresión de la cédula de extranjería, liderado por el Gobierno Nacional, es un ejemplo de que se pueden fortalecer las entidades públicas y recuperar la gobernanza, con dignidad y con calidad”, según declaraciones recogidas por la propia entidad.
El organismo migratorio subrayó la capacidad institucional para gestionar proyectos complejos en un contexto de alta demanda, resaltando la importancia del trabajo conjunto entre organismos públicos.
Además, enfatizó que el proceso mantiene altos estándares de calidad y garantiza la seguridad del documento de viaje, cumpliendo con las normativas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).
A pesar de estos avances, la investigación de la Procuraduría deja en evidencia la necesidad de fortalecer los controles internos en procesos de contratación directa, especialmente cuando se trata de servicios que involucran recursos significativos y afectan a un amplio número de usuarios.
La entidad disciplinaria continuará evaluando las responsabilidades de los funcionarios y contratistas involucrados, con el objetivo de garantizar la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos.
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