Condenan a dos policías por extorsionar a una mujer en Villavicencio: el caso se resolvió más de una década después

La escena ocurrió hace más de una década, en un pequeño establecimiento de Villavicencio, pero su eco judicial acaba de cerrarse. Dos patrulleros de la Policía Nacional, uno activo en aquel momento y otro ya retirado, fueron condenados por exigir dinero a una ciudadana a cambio de no imponerle una sanción. La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia y dio por terminado un largo proceso que había pasado por todas las instancias posibles dentro de la Justicia Penal Militar y Policial.

El caso involucra a los patrulleros Héctor Andrés Rojas Pinilla y Kevin Julio Torrenegra Miranda, quienes deberán cumplir una pena de 72 meses de prisión, pagar una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales vigentes a la fecha de los hechos, unos $29.475.000, y enfrentar una inhabilidad del mismo tiempo para ejercer cargos públicos. La decisión, según informó la Justicia Penal Militar y Policial, quedó en firme luego de que el alto tribunal rechazara el recurso de casación interpuesto por la defensa de uno de los condenados.

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Aquel recurso pretendía anular la determinación del Tribunal Penal Militar y Policial, que a su vez había ratificado la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado de Instancia de la Policía Metropolitana de Bogotá. En esencia, la defensa alegaba errores en la aplicación de la ley penal militar y pedía una revisión del fallo. Sin embargo, la Corte consideró que la condena estaba sustentada en pruebas suficientes y en una interpretación correcta del delito de concusión.

Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron en junio de 2013, cuando ambos uniformados prestaban servicio en el cuadrante Calamar 30, adscrito a la Policía Metropolitana de Villavicencio. Esa tarde, según la investigación, los patrulleros llegaron hasta una licorería del sector y abordaron a la propietaria con una advertencia, si no pagaba una suma de dinero, le impondrían un comparendo por supuestamente exceder el horario autorizado para la venta de bebidas alcohólicas.

La mujer, sorprendida y sin comprender la situación, explicó que no había violado ninguna norma. Pero la presión fue suficiente para que, temiendo represalias, entregara $100.000 de los $300.000 que le exigían los agentes.

Aquel episodio, aunque breve, fue suficiente para desencadenar una denuncia y una investigación interna que derivó en la imputación formal por el delito de concusión, es decir, cuando un servidor público se aprovecha de su cargo para exigir dinero o beneficios indebidos.

Desde entonces, el proceso atravesó un camino judicial prolongado. En primera instancia, el juzgado especializado de la Policía dictó sentencia condenatoria, y luego el Tribunal Penal Militar y Policial ratificó esa decisión. La defensa de los patrulleros insistió en que existían inconsistencias en el relato de la víctima, pero los jueces consideraron que las pruebas documentales y testimoniales eran claras y suficientes para demostrar la exigencia de dinero.

Con la decisión reciente, la Corte Suprema no solo reafirma la responsabilidad de los uniformados, también el mensaje institucional de que los actos de corrupción dentro de la Fuerza Pública no quedan impunes. El boletín de la Justicia Penal Militar y Policial destacó que la resolución contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en los mecanismos de control interno y en la independencia de los órganos judiciales militares.

La confirmación de la condena marca el cierre definitivo de un expediente complejo que permaneció más de diez años en los despachos judiciales nacionales. Para las autoridades, representa una advertencia clara y contundente, el abuso del uniforme, la manipulación del poder policial y el aprovechamiento indebido del cargo tienen consecuencias severas, sin importar el tiempo transcurrido desde los hechos investigados.