
El presidente Gustavo Petro, aceptó la renuncia de Roosvelt Rodríguez Rengifo a la cabeza de la Superintendencia de Notariado y Registro en medio del escándalo por el concurso nacional para la adjudicación de notarías. En su reemplazo fue designado Ricardo Agudelo Cedano, cuya hoja de vida figura publicada en la página oficial de la Presidencia de la República.
La decisión responde a las denuncias sobre presuntas irregularidades que llevaron a la Procuraduría a intervenir el proceso y al presidente Petro a ordenar la suspensión cautelar del concurso.
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De acuerdo con información de Semana, el proceso nacional para seleccionar a los nuevos notarios generó múltiples quejas de personas aspirantes y alertas sobre la legalidad de recientes modificaciones en el Acuerdo 01 de 2025, base normativa del concurso. Estas modificaciones habrían permitido acelerar el proceso de selección, “afectando las garantías de quienes concursan por estos cargos”, según expresiones recogidas por ese medio.
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El jefe del Ministerio Público, el procurador Gregorio Eljach, ofició al entonces superintendente para que evaluara la suspensión inmediata de la convocatoria. Posteriormente, el presidente Gustavo Petro confirmó la intervención estatal, señalando la existencia de “millonarios sobornos” y venta de cupos: “Para que se inscriban en un concurso mentiroso, donde los que quedarán tienen que pagar mil millones de pesos por cupo y son 700 los cupos. Las altas cortes no pueden permitir una extorsión generalizada a los y las abogadas de Colombia”, declaró el mandatario el 9 de septiembre, según Semana.
Petro formalizó la salida de Rodríguez Rengifo mediante el Decreto 1039, suscrito por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, después de que la Procuraduría exigió frenar el proceso “tras conocer las múltiples quejas y presuntas irregularidades en la competencia”. El presidente afirmó públicamente: “Las notarías no son para la politiquería. No hagan trampas con las elecciones, ni usen la justicia y la buena fe para eso”. Además, añadió que el superintendente delegado de funciones constitucionales tenía la instrucción de suspender el concurso “hasta que se aclare por completo y se haga después de elecciones”.
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El reemplazo, Ricardo Agudelo Cedano, tiene formación como abogado de la Universidad Externado, es especialista en Instituciones Jurídico-Políticas por la Universidad Nacional y magíster en estudios interdisciplinarios de la Universidad de los Andes. Su experiencia incluye funciones como gerente general de la Región Administrativa y de Planeación Especial, trabajos en la Agencia de Renovación del Territorio y en otras entidades estatales, según datos de la Presidencia.

Semana consignó que Agudelo Cedano ocupa la Superintendencia en un contexto de crisis institucional. El concurso nacional enfrenta cuestionamientos sobre la posible manipulación de sus resultados y la transparencia del acceso a cargos notariales. El volumen de aspirantes supera las 18.000 personas y los cupos ofertados alcanzarían los 700, datos que han sido divulgados como parte de la denuncia pública y la investigación en curso.
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La Superintendencia de Notariado y Registro funge como autoridad reguladora tanto de notarías como de registros públicos, por lo que el concurso nacional representa uno de los procesos de selección más relevantes en el sector justicia de Colombia. Los cargos asignados implican responsabilidad directa sobre la prestación de servicios jurídicos y administrativos en las principales ciudades y regiones del país.
Según la información oficial, la suspensión del concurso se mantendrá hasta la conclusión de las investigaciones adelantadas por la Procuraduría y el Ministerio de Justicia. En palabras del presidente, “la justicia no logra aún investigar” y “el concurso notarial” solo podrá reactivarse después de los comicios, bajo garantías completas de transparencia y legalidad.
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La administración central mantiene, hasta el momento, la orden expresa de inhabilitar cualquier actuación administrativa ligada a la selección de notarios. Ricardo Agudelo Cedano asume el cargo con la expectativa de contribuir al restablecimiento de la confianza pública e institucional en la gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro.
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