El Ministerio de Defensa de Colombia realizó un acto solemne en Casanare, donde el ministro Pedro Sánchez entregó cartas de condolencias a 21 familias que perdieron a sus seres queridos en ejecuciones extrajudiciales.
Según la entidad, este gesto no solo tuvo un carácter protocolario, sino que representó un acto de humanidad y un mensaje de reconocimiento y verdad frente a un dolor que, en palabras del ministerio, “nunca debió existir”.
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Durante la ceremonia, el Ministerio de Defensa de Colombia destacó que cada carta entregada simbolizó un acto de verdad y respeto hacia las víctimas y sus familias. La institución subrayó que estas acciones buscan dignificar la memoria de quienes fueron afectados por crímenes cometidos por agentes del Estado y constituyen un paso relevante en el proceso de reparación y reconciliación.
El Ministerio de Defensa reafirmó su compromiso con la verdad, la justicia y la no repetición de estos hechos.
En su declaración, la entidad enfatizó que portar las armas de la República implica una responsabilidad ética superior y que la Fuerza Pública debe actuar siempre en defensa de la vida, la ley y la dignidad humana.
Este compromiso institucional, según el ministerio, es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos.
En su reflexión, el Ministerio de Defensa insistió en la importancia de fortalecer la legitimidad de la Fuerza Pública mediante la asunción de responsabilidades éticas y el respeto irrestricto a la ciudadanía.
La entidad señaló que solo a través del reconocimiento de los errores del pasado y la adopción de medidas concretas para evitar su repetición, se puede consolidar una institución que responda a las expectativas y necesidades del pueblo colombiano.
Con este acto, el Ministerio de Defensa de Colombia reiteró su determinación de construir una Fuerza Pública íntegra y respetuosa, manteniendo un compromiso permanente con la sociedad colombiana.
Gustavo Petro pide que partidos de oposición muestre un documento rechazando los falsos positivos
La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y los partidos de oposición Cambio Radical y Centro Democrático escaló tras la publicación de un mensaje en X, donde el mandatario desafió públicamente a ambos colectivos y a W Radio.
Petro exigió que se presente “un solo documento donde Cambio Radical y el Centro Democrático hayan rechazado la comisión del asesinato de los 6.402 jóvenes en manos del Estado entre el año 2002/2010”, en referencia a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El presidente también solicitó a la emisora que muestre “un solo pronunciamiento en contra de la masacre de ‘La Escombrera’ en la Comuna XIII de Medellín”.
El intercambio se produce en medio de la preparación de la segunda mesa de la Cumbre Parlamentaria de la Oposición, donde ambas bancadas buscan definir estrategias para la defensa de la democracia y la seguridad de sus integrantes.
El comunicado conjunto de Cambio Radical y Centro Democrático, difundido desde Bogotá, denuncia “hostigamientos” y exige al Ejecutivo detener lo que califican como “odio político que ya le costó la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, y que ha desencadenado atentados, amenazas e intimidaciones contra parlamentarios, diputados, concejales, dirigentes regionales y líderes de nuestras colectividades”.
La controversia se intensificó luego de que Petro señalara a la senadora Paloma Valencia de complicidad en los crímenes de los 6.402 jóvenes, lo que motivó a la legisladora a anunciar acciones legales contra el jefe de Estado.
El comunicado de los partidos opositores sostiene que estos episodios forman parte de una “sucesión de agresiones” y acusa al Gobierno de utilizar “cortinas de humo para tapar el desgobierno que tiene al país sumido en la inseguridad, el desempleo, el deterioro de la salud y una profunda crisis económica”.
Como antecedente reciente, los partidos mencionan la emboscada al exconcejal Jairo Evelio Ascanio Naranjo en Saravena, Arauca, y advierten sobre el impacto de la narrativa oficial en el clima político y social de Colombia. Durante la sesión preparatoria de la cumbre, las colectividades acordaron priorizar el debate sobre seguridad y garantías electorales, reflejando su preocupación por el actual panorama nacional.
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