En el Oriente de Antioquia, la presencia de perros y gatos sin control ha generado un aumento alarmante de ataques contra la fauna silvestre local.
Según información difundida por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), las cifras muestran que 358 animales fueron agredidos por mascotas domésticas en lo que va de 2025, siendo la mayoría de los afectados zarigüeyas, aunque también figuran aves, reptiles y murciélagos como víctimas recurrentes.
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La directora de bienestar animal de Cornare advirtió en dipalogo con Caracol Radio que la problemática se ha agudizado durante los últimos años.
En 2022 se documentaron 142 agresiones, en 2023 la cifra subió a 249 y en 2024 se reportaron 500 casos. Los registros de la autoridad ambiental advierten que los ataques, en su mayoría, derivan en la muerte de los ejemplares silvestres atacados y afectan cada vez con mayor frecuencia a especies como barranqueros, serpientes y golondrinas, además de las zarigüeyas.
A su vez, la entidad emitió un llamado a la tenencia responsable de mascotas en la región, vinculando la problemática al hábito de permitir que perros y gatos deambulen sin supervisión por zonas boscosas o áreas verdes.
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Camilo Muñoz Collazos, veterinario y coordinador del Centro de Atención y Valoración (CAV) de Cornare, explicó, citado por el medio, que “es responsabilidad de todos nosotros cuidar de nuestras mascotas para evitar que estas ataquen a la fauna silvestre”.
El funcionario también dijo que mantener al día el plan de vacunación y desparasitación resulta esencial, así como evitar que los animales domésticos accedan libremente a ecosistemas naturales.
La tendencia al alza de estos ataques se mantiene pese a campañas de sensibilización impulsadas por la organización ambiental. Las estadísticas muestran que el Oriente de Antioquia enfrenta un reto creciente para armonizar la presencia de mascotas domésticas con la conservación de la biodiversidad local.
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“Evitar que nuestros animales domésticos circulen libremente por espacios naturales es una de las recomendaciones principales”, aseguró Muñoz Collazos.
Cornare presentó informe positivo sobre deforestación en Oriente de Antioquia
La entidad, además, comunicó que Colombia registró en 2024 la pérdida de más de 113.000 hectáreas de bosque, un aumento del 43% respecto al año anterior, según datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam.
En contraste, el Oriente antioqueño, bajo la jurisdicción de Cornare, reportó solo 343 hectáreas taladas, lo que representa menos del 0,5% del total nacional y el 4,8% en el ámbito departamental, de acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare.
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El incremento de la deforestación se concentró en la Amazonía, especialmente en Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, donde la tala alcanzó 77.000 hectáreas, equivalentes a más de dos tercios del total nacional.
La organización WWF advirtió que la deforestación sigue siendo un factor crítico por su impacto en la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y los beneficios para las comunidades, principalmente en la Amazonía y sus zonas de transición.
Pero para obtener resultados favorables, la estrategia de Cornare se ha basado en la combinación de pagos por servicios ambientales, liderazgo comunitario, áreas protegidas y operativos de control. El programa BanCO2 remunera a más de 2.200 familias campesinas que protegen 30.600 hectáreas de bosque, mientras que cerca de una cuarta parte del territorio de la jurisdicción cuenta con protección oficial.
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Además, el proyecto CERCA involucra a 220 líderes comunitarios en 235 veredas de 26 municipios, quienes impulsan la educación y gestión ambiental. El componente de control incluye la coordinación con la Policía Nacional Ambiental y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para realizar operativos y validar alertas tempranas mediante imágenes satelitales.
En municipios como Argelia, San Francisco, Sonsón, San Luis y San Carlos persisten presiones por apertura de potreros, cultivos ilícitos y expansión agrícola, frente a las cuales se han implementado proyectos de restauración productiva y acuerdos de conservación con comunidades rurales.
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