
El reciente pronunciamiento del Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex) puso en el centro del debate la defensa de la carrera diplomática y consular en Colombia, tras las polémicas declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la composición y orientación ideológica de los diplomáticos del país.
En una carta dirigida a las autoridades, la organización sindical expresó su preocupación por lo que consideran un menoscabo a la dignidad y el trabajo de quienes integran la Cancillería, luego de que el mandatario calificara a ciertos diplomáticos como “blancos” y “feudales” y sugiriera su remoción por no compartir su pensamiento.
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El documento subraya que el Ministerio de Relaciones Exteriores está conformado, en su mayoría, por funcionarios de carrera diplomática y consular, así como por personal de carrera administrativa, quienes han servido durante años con compromiso a la institucionalidad colombiana.
El sindicato manifestó su desacuerdo con la idea de que los servidores públicos de la planta externa puedan ser reemplazados únicamente por afinidad ideológica con el presidente, advirtiendo que “la experiencia, el mérito y la formación diplomática y consular no pueden ni deben ser sustituidos por la cercanía personal o política con el jefe de Estado, al margen de sus convicciones individuales”.

El grupo también abordó la reciente anulación de nombramientos diplomáticos por parte de las cortes colombianas, señalando que estas decisiones se fundamentan en argumentos jurídicos y buscan proteger los derechos constitucionales de los funcionarios de carrera.
El sindicato enfatizó, “nombrar personas sin cumplir los requisitos legales contraviene el principio de especialidad de la carrera diplomática, además de violar el derecho que asiste a todo colombiano a acceder a cargos públicos a través del mérito, en beneficio tanto de la comunidad colombiana en el exterior como de la política exterior del Estado”.
La organización sindical reclamó al Gobierno la necesidad de fortalecer la carrera diplomática y consular, con el personal más capacitado, para consolidar una diplomacia que represente a los colombianos. En este sentido, destacaron que “la carrera diplomática y consular es, además, un espacio pluralista que hoy se ha abierto a la participación de diferentes comunidades étnicas, afrodescendientes, raizales e indígenas, lo que permite que nuestra diplomacia en el exterior sea multicultural y biodiversa, reflejando la riqueza poblacional de Colombia y proyectando al mundo la diversidad que caracteriza a nuestra Nación”.
En paralelo, Semrex solicitó la realización de una reunión con la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el presidente Gustavo Petro para dialogar sobre estos temas y buscar soluciones que garanticen el respeto y fortalecimiento de la carrera diplomática y consular en Colombia.
Mejora de salarios dentro de la Cancillería de Colombia

Con la firma del presidente Gustavo Petro, se oficializó un decreto que actualiza el método mediante el cual se calcula la remuneración mensual de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular calificó la medida como un avance relevante en la búsqueda de mejores condiciones laborales para quienes representan a Colombia en el exterior.
En su pronunciamiento, la organización subrayó que “este ajuste representa un paso fundamental para frenar el deterioro progresivo de las condiciones laborales de quienes representan a Colombia en el mundo”, destacando la urgencia de la decisión por los efectos negativos que venían experimentando los trabajadores.
Según el sindicato, la situación “afectaba directamente el bienestar de cientos de funcionarios y sus familias, y debilitaba la capacidad operativa del servicio exterior colombiano”.

El decreto surge tras un periodo prolongado de solicitudes y manifestaciones por parte de diversas organizaciones de empleados del Ministerio, entre las que se encuentran ASODIPLO, SEMREX y UNIDIPLO. Estas agrupaciones insistieron en la necesidad de ajustar las condiciones económicas de los diplomáticos, argumentando que el rezago salarial impactaba tanto la calidad de vida de los funcionarios como la eficiencia y sostenibilidad de las misiones diplomáticas y consulares en el mundo.
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