La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal acusó de manera directa al presidente Gustavo Petro de ser responsable de un “genocidio”, tras hacerse público un informe sobre el aumento inusual de muertes entre personas con enfermedades raras en Colombia durante 2025.
A través de sus redes sociales, Cabal afirmó que las cifras corresponden a “el genocidio creado por Petro”, articulando una denuncia que rápidamente generó impacto en la opinión pública.
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El señalamiento de María Fernanda Cabal tuvo lugar luego de que la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) publicara datos sobre la emergencia sanitaria que enfrenta Colombia.
De acuerdo con el comunicado difundido por la federación, 1.501 pacientes con enfermedades raras fallecieron entre enero y agosto de 2025, cifra que ya supera los promedios de años anteriores y sugiere una aceleración en la mortalidad dentro de esta población vulnerable. La senadora utilizó la información para responsabilizar al gobierno y conectar la gestión de Petro con la escalada de mortalidad en este sector.
El origen de la controversia surge del informe publicado por Fecoer, El 22% de esos fallecimientos correspondió a pacientes afiliados a Nueva EPS, una aseguradora intervenida por el Gobierno nacional, lo que representa324 muertes solo en esa entidad.
El director ejecutivo de Fecoer, Diego Gil, sostuvo en el comunicado difundido que “las muertes obedecen a barreras persistentes para acceder a tratamientos y medicamentos, así como al incumplimiento de las leyes y sentencias que protegen a los pacientes con enfermedades huérfanas”. Mencionó la Sentencia T-760/2008, la Ley 1392/2010 y la Ley 1751/2015, normativas que garantizan atención prioritaria y protección a quienes padecen condiciones catalogadas como raras.
Gil explicó que “el Gobierno nacional y las EPS argumentan que la causa es la gravedad de las patologías, pero los retrasos y denegaciones provocados por la crisis financiera del sistema han agravado la situación”. Este señalamiento llega en un contexto marcado por debates intensos sobre la reforma sanitaria en Colombia, especialmente tras la intervención de varias EPS, entre ellas Nueva EPS.
Durante una sesión de la Comisión VII del Senado realizada el 30 de septiembre, Fecoer reiteró la urgencia de adoptar medidas inmediatas y demandó un plan de choque para garantizar el acceso a medicamentos esenciales. Gil advirtió que “la espera ya ha cobrado demasiadas vidas, y es deber del Estado proteger de manera efectiva a quienes han sido reconocidos como sujetos de especial protección constitucional”.
La federación expuso también una molestia adicional: su cuenta institucional fue bloqueada en redes sociales por la Nueva EPS, lo que percibieron como represalia por las denuncias públicas y requerimientos formales ante casos de crisis. Para Fecoer, esta decisión “no solo restringe el acceso a la información, sino que limita la transparencia y el diálogo necesarios para afrontar la crisis”. En su comunicado, la organización afirmó su propósito de continuar denunciando el incremento de fallecimientos y defendiendo el derecho a la vida de las personas con enfermedades raras, argumentando que se trata de una obligación ética y social.
El reclamo de Fecoer apunta directamente a la administración de Gustavo Petro, al exigir la implementación inmediata de un plan para garantizar el acceso a tratamientos y tecnologías médicas para este grupo de pacientes, además de un compromiso real para “coordinación efectiva entre todos los actores del sistema de salud”.
Por el lado oficial, hasta la publicación de este reporte, ni el Ministerio de Salud ni la Presidencia han emitido declaraciones de respuesta a la acusación pública ni a la solicitud de medidas urgentes. La discusión en torno a las cifras, la intervención estatal en entidades aseguradoras y la viabilidad de reformas profundas al sistema de salud colombiano permanece abierta.
La controversia generada por la reacción de María Fernanda Cabal, la gravedad de los datos aportados por Fecoer y la exigencia de mecanismos inmediatos de protección para pacientes con enfermedades raras instalaron el tema en el centro del debate parlamentario y social en Colombia.
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