Con una inversión superior a $9.600 millones, la filial social de la Cámara de Comercio de Bogotá, Corparques, implementó una estrategia destinada a asegurar la recreación y formación gratuita para comunidades en situación de vulnerabilidad.
Esta nueva medida, denominada “Mundo Aventura para Todos”, permitió el acceso sin costo a las instalaciones y actividades lúdicas del parque temático a 125.000 niños y niñas con discapacidad, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado, comunidades afrodescendientes, miembros de la población Lgbt+, así como migrantes.
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Según explicó Corparques, además de la gratuidad en el ingreso y el disfrute de atracciones, el programa, que se mantendrá durante todo el año, también incluye procesos formativos gratuitos para líderes comunitarios y fundaciones.
“Creemos que la diversión y la recreación deben ser un derecho, no un privilegio. Queremos que cada niño y niña, sin importar sus condiciones sociales o económicas, pueda vivir experiencias que dignifican y empoderan”, señaló Luisa Fernanda Narváez Chinchilla, subdirectora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Corparques.
En total, será un promedio de 1.000 niños y jóvenes los que podrán visitar las instalaciones de recreación cada mes, extendiendo su oferta social que, en 2024, se concentró en una única jornada durante todo el año.
Ahora, el programa será fijado de forma permanente, lo que permitirá a los menores más vulnerables de la capital y el departamento de Cundinamarca visitar por primera vez el parque temático.
Asimismo, la entidad anunció la creación de la Red de Fundaciones Mundo Aventura, que tendrá como objetivo el fortalecimiento de pequeñas organizaciones sociales ubicadas en zonas periféricas, ampliando sus capacidades y favoreciendo un mayor impacto comunitario.
El parque organiza habitualmente jornadas sociales los viernes, invitando a diversas fundaciones a participar en las actividades; recientemente, el programa se expandió a los jueves bajo la dinámica denominada “días extremos” para incrementar su alcance.
Bogotá lanza sistema de transferencias condicionadas para impulsar educación infantil
Con la puesta en marcha del nuevo sistema de transferencias monetarias condicionadas, la administración distrital de Bogotá le apostó a la redefinición de la protección social infantil a través de un esquema que vincula el apoyo económico a la continuidad educativa.
La reciente estrategia, articulada desde las secretarías de Integración Social y Educación, se convierte en el eje de una política pública que impactará a 255.000 niñas, niños y adolescentes en la capital.
El programa, que reestructura el modelo de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), incorpora una exigencia central: las familias beneficiarias deben asegurar que los menores estén inscritos y asistan con regularidad a jardines infantiles y colegios distritales.
La Alcaldía de Bogotá, según declaraciones de la Secretaría de Integración Social, resalta que el carácter condicional de estas transferencias “representa una de las modificaciones más profundas en la política social de la ciudad”, pues vincula el acompañamiento institucional con el cumplimiento efectivo de derechos fundamentales.
La ejecución de la estrategia se refuerza mediante la participación de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, que junto con las secretarías coordina la verificación mensual de las condicionalidades asociadas a la asistencia escolar. El seguimiento incluye tanto los planteles oficiales del distrito como los Centros Crecer para menores con discapacidad.
El programa se despliega en dos grandes componentes: el de educación, dirigido a 209.000 menores de siete a 19 años de los grupos A y B del Sisbén y quienes residen en pagadiarios; y el de primera infancia, enfocado en 46.000 niñas y niños de cero a seis años de los grupos A, B y C1 a C9 del Sisbén y también en hogares instalados en pagadiarios.
Ambas líneas prevén valores adicionales en las transferencias a hogares con personas con discapacidad o víctimas del conflicto armado, priorizando quienes afrontan mayores obstáculos para permanecer en el sistema educativo.
De acuerdo con lo informado por la Alcaldía, el primer pago implicará una inversión inicial de $12.900 millones. Los montos otorgados oscilarán entre $40.000 y $100.000 por cada menor beneficiario, ajustándose según el nivel de pobreza, el grado educativo y la situación de discapacidad o victimización.
En ningún caso un hogar podrá recibir más de $300.000 mensuales por componente, medida que, según la entidad, “busca responder a las necesidades específicas de los hogares más vulnerables y garantizar un impacto real en la trayectoria educativa”.
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