Más de 80 personas desplazadas por combates entre Clan del Golfo y Eln en Tarazá, Antioquia

Los recientes combates entre integrantes del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en la vereda Doradas Altas del municipio de Tarazá, Antioquia, han causado el desplazamiento forzado de más de 80 personas. De acuerdo con la información oficial, son 28 familias, unas 89 personas, quienes debieron abandonar sus hogares tras la intensificación de la violencia en la zona rural, solamente durante las últimas horas.

Las familias desplazadas recibieron apoyo de la fuerza pública, que coordinó su traslado desde la vereda afectada hasta los cascos urbanos de Tarazá y de Cáceres, otro municipio limítrofe en el Bajo Cauca antioqueño. Actualmente, estas personas permanecen bajo atención de los protocolos humanitarios establecidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La magnitud del desplazamiento está ligada a la disputa territorial y económica que sostienen grupos armados ilegales por el control de la riqueza minera en el llamado “cinturón aurífero”. Esta franja minera estratégica se extiende desde el sur de Bolívar hasta municipios como San Pablo, Cáceres y El Bagre, en Antioquia. Las confrontaciones y el dominio de esta economía ilícita son un factor central de la crisis de seguridad y desplazamiento en la región.

El alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Álvarez, reiteró la gravedad de la situación y la necesidad de intervención por parte del Estado. En sus palabras: “Tarazá necesita paz, Doradas Altas y todo ese sector necesitan paz; al Gobierno nacional, el acompañamiento con la fuerza pública en el territorio y la inversión social”. El mandatario local hizo énfasis en que la seguridad y la inversión institucional son fundamentales para estabilizar la región y permitir que las familias desplazadas retornen con garantías a sus territorios.

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, confirmó que desde el estallido de los combates su entidad ha desplegado tropas tanto en Tarazá como en el sur de Bolívar. De acuerdo con sus declaraciones, “Dar parte en este momento, tanto en el caso del sur de Bolívar, en Santa Rosa, en las veredas de Santa Rosa, como en Tarazá; ya tenemos tropas, tanto de la Brigada 19 en el caso del sur de Bolívar, como en Tarazá tropas de la Brigada 11 y la Fuerza de Despliegue Rápido, atendiendo esas emergencias y buscando a los perpetradores de estas confrontaciones que han generado el desplazamiento”. El alto oficial atribuyó directamente la ola de desplazamientos al conflicto sin resolver por la explotación y dominio de la minería ilegal de oro.

El propio Rodríguez Aparicio manifestó que “se trata de combates por la riqueza minera del denominado ‘cinturón aurífero’ que va desde el sur de Bolívar hasta localidades como San Pablo, Tarazá, Cáceres y El Bagre, en Antioquia”. Estas zonas, conectadas históricamente por intereses mineros y actividades ilícitas, registran una alta presencia de grupos armados.

La emergencia humanitaria en Tarazá se inscribe en un contexto más amplio de violencia y desplazamiento en el departamento de Antioquia y la región del Bajo Cauca. De acuerdo con lo reportado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en su informe global sobre tendencias, Antioquia es uno de los departamentos con mayor número de desplazados y confinados en Colombia. El mismo organismo advirtió que las comunidades indígenas y rurales destacan entre las más vulnerables en medio de estas disputas armadas recurrentes. En Medellín y otras ciudades principales del departamento se ha registrado una gran llegada de personas desplazadas durante los últimos meses.

Según el informe, Antioquia registró al menos 16.490 víctimas de desplazamiento forzado durante 2024. Solo la ciudad de Medellín recibió a más de 6.000 personas desplazadas en el año anterior, de las cuales cerca del 30% provenían del Chocó y más del 18% de Quibdó. Las estadísticas muestran un aumento sostenido de la emergencia humanitaria producto de los combates entre grupos armados ilegales.

La Unidad para las Víctimas documentó que en lo que va de 2025 se han presentado 22 emergencias en diferentes municipios de Antioquia, resultado de la intensificación de las disputas territoriales entre las organizaciones armadas ilegales. Más de 2.000 familias han resultado afectadas por situaciones de desplazamiento o confinamiento a causa de la violencia, y han sido atendidas según la información oficial más reciente.

Casos recientes reflejan la complejidad de la crisis. En mayo, la ONU y la Gobernación de Antioquia denunciaron graves violaciones de derechos humanos en el municipio de Amalfi. Allí, enfrentamientos entre el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo encerraron a al menos 12 familias en la vereda Los Toros, sin posibilidad de movilidad ni acceso a servicios básicos.

Las autoridades mantienen la atención humanitaria en los municipios receptores, mientras intensifican los patrullajes militares y las operaciones dirigidas a controlar la expansión de los grupos armados ilegales y asegurar el regreso de las personas desplazadas.

Desde la administración departamental y nacional, los mandatarios locales, organizaciones humanitarias y las familias afectadas reclaman presencia estatal sostenida, inversión social y acciones contundentes para desmontar las economías ilícitas que alimentan el conflicto armado en la región.