La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal aseguró que el próximo gobierno debe eliminar el Ministerio de la Igualdad, creado en la administración de Gustavo Petro.
“Primera tarea el 7 de agosto de 2026. Eliminar el Ministerio de la Igualdad”, aseguró Cabal desde su cuenta de X.
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La congresista opositora acompañó su publicación con una crítica directa a Juan Carlos Florián, jefe de esa cartera.
Según María Fernanda Cabal, el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián puede “identificarse como le venga en gana”, pero pidió que se concentre en trabajar por todos los colombianos
“Este personaje puede identificarse como le venga en gana. Pero ese salario que gana como ministro es para que trabaje por los colombianos, no para que haga alarde de su condición que a nadie debe importar”, aseveró la precandidata presidencial.
La publicación de Cabal culminó con la pregunta “¿Dónde están las obras del Ministerio de la “igualdad”?“.
La senadora Cabal ya había cuestionado a Juan Carlos Florián. La precandidata le reprochó al presidente Gustavo Petro haber priorizado nombramientos como el de Florián por encima de personas que, a su juicio, estarían mejor preparadas y capacitadas para dicho cargo público.
“El desgobierno de Petro donde el mérito es no tener mérito. ¡Simple! ¿Dónde quedó la convocatoria a doctores para que fueran parte de este gobierno?“, escribió la parlamentaria en su cuenta de X.
Futuro del Ministerio de la Igualdad
En 2024, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley 2281 de 2023, que había dado origen al Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia.
Esta decisión se basó en irregularidades en el procedimiento legislativo, especialmente por la ausencia de un análisis de impacto fiscal, obligación establecida en la Ley 819 de 2003. El análisis requerido debía evaluar detalladamente las implicaciones económicas de la creación del nuevo ministerio, con el fin de asegurar un manejo responsable de las finanzas públicas.
Con el fallo, los magistrados resolvieron diferir los efectos de la decisión por dos legislaturas, es decir, la norma dejará de estar vigente al concluir la legislatura 2025-2026. De esta manera, el sector administrativo de Igualdad y Equidad, así como el ministerio, serán suprimidos al finalizar ese periodo. Hasta entonces, las acciones desarrolladas y las obligaciones adquiridas bajo la Ley podrán ejecutarse con normalidad.
Según lo expuesto en la sentencia, el Congreso de la República no cumplió con el deber de presentar un estudio fiscal completo durante el trámite legislativo de la ley. La Corte consideró que este incumplimiento constituye un vicio esencial que no puede ser subsanado. La sentencia insiste en la importancia de este análisis para mantener la estabilidad macroeconómica y garantizar transparencia en la aprobación de cualquier iniciativa que involucre gasto público.
El proceso legislativo también enfrentó críticas por presuntos problemas en el quórum y la votación durante el primer debate. Sin embargo, la revisión del tribunal concluyó que las reglas de votación no se vulneraron, ya que sólo posteriormente hubo una solicitud formal para efectuar una votación nominal.
Además, la Corte destacó que el Ministerio de Hacienda se limitó a presentar una tabla con los costos generales de personal de todos los ministerios para el año 2023, sin precisar el impacto financiero específico del Ministerio de Igualdad ni identificar recursos de financiación. Este hecho refuerza la falta de cumplimiento del requisito señalado en el artículo 7 de la Ley 819.
Así las cosas, el Congreso de Colombia decidirá el futuro del Ministerio de la Igualdad en medio de escándalos, así como la ejecución de presupuesto, que no es favorable.
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