
El anuncio de la Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San José de rescindir su contrato con la Nueva EPS marca un nuevo episodio en la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.
Como lo anunció la institución médica, a partir del 1 de diciembre de 2025, el hospital dejará de atender a los afiliados del régimen contributivo de la prestadora, una decisión que, según la institución, responde a la acumulación de deudas y a la imposibilidad de mantener la sostenibilidad operativa bajo las condiciones actuales.
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La ruptura contractual, comunicada oficialmente a Gloria Libia Polanía Aguillón, agente especial interventora de la Nueva EPS, pone fin a una relación de 17 años iniciada en 2008.
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El hospital, considerado un referente en la atención de patologías complejas en Bogotá, argumentó que la falta de pagos regulares y la ausencia de interlocución efectiva con la aseguradora han hecho inviable la continuidad del acuerdo.

“Nuestra capacidad instalada es pequeña y hemos tenido problemas de relacionamiento y no hay interlocución con la Nueva EPS; no tenemos pagos regulares y la deuda se viene creciendo; no tenemos una cartera clara, porque los dineros van y vienen en glosas. Entonces esto hace que no sea un cliente fácil para nosotros”, explicó Carlos Pérez Moreno, director de la Sociedad de Cirugía del Hospital San José.
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La decisión se ampara en la cláusula séptima del contrato y en la normativa vigente, específicamente los Decretos 4747 de 2007 y 441 de 2022, que regulan las relaciones entre aseguradoras e instituciones prestadoras de servicios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El hospital subrayó que la medida busca garantizar los principios de legalidad, igualdad, universalidad y sostenibilidad, y que se ha previsto un periodo de transición para evitar traumatismos en la atención de los usuarios.
“En los próximos 60 días tendremos, como lo dice el contrato, atención en el hospital, las urgencias igualmente con contrato o sin contrato los vamos a seguir atendiendo y que nuestro compromiso es con la gente. Infortunadamente, después de 60 días, la nueva EPS deberá ubicar los pacientes que nos envían en otra red”, detallaron las directivas del centro médico.
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La situación de la Nueva EPS se ha visto agravada en los últimos meses. En abril de 2024, la entidad fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud debido a supuestas irregularidades financieras y falta de transparencia en la presentación de sus estados contables.
La Entidad Promotora de Salud, que cuenta con cerca de 11 millones de afiliados entre los regímenes contributivo y subsidiado, fue calificada como una “empresa inviable” tras una auditoría de la Contraloría.
El Gobierno de Gustavo Petro señaló que los problemas financieros de la Nueva EPS se arrastran desde hace años, y la reciente salida de hospitales clave profundiza la incertidumbre sobre la atención a sus usuarios.
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El caso del Hospital de San José no es aislado. Días antes, la Clínica Shaio también anunció la terminación de su contrato con la Nueva EPS, citando una deuda superior a $95.000 millones (más de USD 23 millones), algunos de cuyos montos llevan más de un año pendientes.
“La falta sistemática de pagos por parte de esa entidad ha llevado a la Fundación a una situación crítica, al punto de no contar hoy con la capacidad financiera para seguir respondiendo a la demanda de servicios que genera dicha EPS”, comunicó la Shaio. No obstante, la clínica aseguró que todos los procedimientos y citas previamente agendadas serán cumplidos.
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La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Muchos afiliados expresaron su preocupación por la reducción de opciones para recibir atención médica. “Que lo manden de un lado para otro no se justifica”, manifestó un usuario a Noticias RCN.
Otro, con décadas de experiencia en la EPS, lamentó: “En 37 años que llevo trabajando en esta clínica, hasta hoy veo una cuestión de esas, que la EPS a la que uno está afiliado no lo puede atender en ningún lugar, en ninguna clínica”, señaló al mismo medio.
El Hospital de San José reiteró que la terminación unilateral del contrato está respaldada por la autonomía contractual y la normativa sectorial, y que la prioridad es garantizar una transición ordenada para los pacientes.
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La institución insistió en su compromiso con los derechos de los usuarios y la sostenibilidad del sistema de salud, mientras la Nueva EPS enfrenta el desafío de reubicar a cientos de pacientes en otras redes asistenciales.
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