El pasado 19 de septiembre de 2025, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá emitió un fallo absolutorio en favor de Francisco Fernando Álvarez Morales, exgerente de Transmilenio y exsecretario de Movilidad de Bogotá.
La jueza a cargo del caso declaró inocente a Álvarez Morales de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, lo que pone fin a un proceso judicial que se extendió por más de ocho años y que tuvo profundas repercusiones en su vida profesional, personal y familiar.
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El origen del caso se remonta al periodo en que Álvarez Morales se desempeñó como secretario de Movilidad de Bogotá, entre 2008 y 2011, durante el llamado “carrusel de la contratación” en el mandato de Samuel Moreno Rojas.
Durante su gestión, se suscitó el contrato 1229 del 27 de julio de 2009, destinado a la reestructuración del Sistema Integral de Transporte Público (Sitp) y del Sistema Integrado de Recaudo (Sirci).
Según la Fiscalía General de la Nación, en este contrato se habrían presentado irregularidades, lo que motivó la apertura de una investigación en 2012, inmediatamente después de la salida del exfuncionario de la Secretaría de Movilidad.
Durante los primeros cinco años, la investigación permaneció inactiva, lo que permitió que el caso cayera en un estado de relativa inactividad.
Sin embargo, en el segundo semestre de 2016, con la llegada de Néstor Humberto Martínez Neira a la Fiscalía General de la Nación, el entonces fiscal 64, Jaime Alonso Zetien Castillo, coordinador del Grupo de Trabajo para la Corrupción en la Contratación de Bogotá, decidió reactivar la investigación, avanzar hacia la imputación de cargos y solicitar una medida de aseguramiento en centro carcelario.
La defensa de Álvarez Morales sostuvo que los informes de policía judicial que sustentaron la detención eran erróneos, pero aun así el exsecretario permaneció privado de la libertad durante seis meses en la cárcel La Picota, entre julio de 2017 y enero de 2018.
La familia del exfuncionario apeló la medida de detención preventiva y finalmente obtuvo un fallo favorable, aunque para ese momento el daño a la reputación y la carrera profesional de Álvarez Morales ya era evidente.
El caso adquirió gran resonancia mediática, debido en parte a la insistencia de la Fiscalía en mantener la información circulando en los medios, generando una percepción pública negativa que acompañó al exfuncionario durante varios años.
El juicio comenzó a principios de 2018, pero su desarrollo se vio afectado por múltiples interrupciones, incluyendo la pandemia de covid 19 y cambios de juez en tres ocasiones.
La Fiscalía estuvo representada por el fiscal de apoyo 88, Óscar Augusto Jiménez Gómez, mientras que la defensa estuvo liderada por el penalista Jhon Villamil Casallas y asesorada por el jurista Jaime Arrubla Paucar.
La audiencia de alegatos finales se celebró en julio de 2025, en la que el procurador octavo judicial, Henry Francisco Bustos Alba, quien había acompañado el proceso desde la imputación en 2017, solicitó la absolución, reforzando así la postura de la defensa.
En un comunicado difundido tras la sentencia, la familia de Álvarez Morales expresó su alivio y satisfacción por el fallo absolutorio. Juan Álvarez, familiar del exfuncionario, señaló que la familia había construido su “verdad íntima”.
“Agradecemos de corazón a todas aquellas personas cercanas que siempre creyeron en la inocencia de nuestro familiar y nunca nos abandonaron en este largo, difícil e injusto proceso penal. Gracias especiales a Jhon Villamil Casallas, amigo de la familia y abogado penalista que nos acompañó en todo el proceso”, manifestó.
La decisión absolutoria del Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento no solo pone fin a un proceso judicial que marcó la vida del exfuncionario, sino que también destaca los riesgos de la cobertura mediática y los errores en la investigación que pueden afectar la reputación y la carrera de un servidor público.
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