El exteniente del Ejército Nacional Felipe Andrés Ramírez Gómez ofreció una confesión pública y pidió perdón ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ en un emotivo acto realizado en Neiva, Huila.
Ramírez Gómez, que integraba la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas (Afeur) No. 11, admitió ser responsable directo del asesinato de Juan Carlos Aguirre Macías el 1 de febrero de 2008, crimen que fue presentado oficialmente como una baja en combate.
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La declaración se produjo en las diligencias del subcaso Huila dentro del macrocaso 03, que investiga los homicidios y desapariciones forzadas cometidos por agentes estatales y posteriormente reportados como muertes en enfrentamientos armados.
Ramírez Gómez reconoció en el evento, cuyas declaraciones fueron difundidas por W Radio, conocer “civiles que fueron asesinados, a quienes hicieron pasar por guerrilleros, y posteriormente enterrados en el cementerio central de Neiva”, tal como replicó el medio.
Según relató el exoficial, tras cometer el homicidio de Aguirre Macías —quien resultó ser inocente—, se sumió la familia en años de búsqueda de respuestas y justicia.
En un nuevo acto de memoria, ante el hermano de la víctima, Mauricio Aguirre, el exmilitar expresó una profunda culpa.
“Ante ustedes reconozco que Juan Carlos Aguirre Macías era una persona inocente, que no merecía haber sido asesinado de forma cobarde por quienes juramos defender este país. Especialmente por mí, que fui la persona que cobardemente le quitó la vida a Juan Carlos. Mis hechos están ligados a este monumento y quiero decirte, Mauricio, que esto apenas empieza”, afirmó Ramírez Gómez durante el evento.
Lo que preguntó el hermano de la víctima
Uno de los momentos más intensos ocurrió cuando Mauricio Aguirre, hermano de la víctima que se ha declarado en nombre de la familia víctima, preguntó públicamente: “Andrés, ¿qué se siente que con sus manos, hace diecisiete años, sacrificó vilmente a mi hermano y hoy venga a buscar justicia en la paz, reconciliándose con mi familia y con mi madre, María Gladys Macías?”.
La respuesta del exteniente dejó ver, a juzgar por sus propias palabras, por el remordimiento y el convencimiento de la imposibilidad de reparar totalmente el daño que causó.
“Hoy la comunidad tiene puestos los ojos sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, porque muchos consideran que las sanciones que estamos cumpliendo no tienen la magnitud que deberían frente a hechos tan graves y oprobiosos. No nos va a alcanzar la vida para devolver un poco de la dignidad que les hemos arrebatado. Eso no se repara con ocho años; se repara creando un propósito”, dijo Ramírez Gómez ante la audiencia.
Ramírez Gómez participa actualmente en tareas de búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio central de Neiva, como parte de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (Toar), una de las medidas restaurativas dispuestas por la JEP para los comparecientes que ya han admitido su responsabilidad.
En palabras finales, resumió la dimensión de su arrepentimiento: “Estoy aquí, dando la cara, sin casco, sin tapabocas, para que vean que de alguna forma vamos a cumplirles a las víctimas. Esto no termina en ocho años, termina con nuestras vidas, porque tiene que quedar un legado. Siento mucha vergüenza, Mauricio, pero aquí estoy, dándoles la cara”, recogió W Radio.
La JEP solicita dinero para poder cumplir con las condenas impuestas a exsecretarios de las Farc
En medio de la histórica expedición de sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el antiguo Secretariado de las Frac-EP por secuestros y a militares responsables de los denominados ‘falsos positivos’, el organismo transicional enfrenta ahora un desafío financiero que amenaza con dejar los fallos judiciales en el papel.
Según advirtió la Secretaría Ejecutiva de la JEP, la falta de recursos pone en riesgo la implementación de las sanciones restaurativas y los proyectos de reparación ordenados por sus jueces.
La jurisdicción reveló que se requieren cerca de 121.858 millones de pesos para poner en marcha obras comunitarias, memoriales de víctimas, programas de sanación con pueblos indígenas y otras medidas dictadas en las sentencias de los macrocasos más graves del conflicto armado colombiano. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda solo ha destinado 20.000 millones de pesos, menos de una quinta parte de lo necesario
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