Escándalo en Fundación San José por grado exprés de Juliana Guerrero: títulos se habrían vendido hasta por $20 millones

La revelación de que la Fundación Universitaria San José habría expedido títulos profesionales sin que los estudiantes cumplieran con todos los requisitos legales ha generado inquietud sobre la legitimidad de numerosos funcionarios y contratistas vinculados al gobierno de Gustavo Petro.

El caso de Juliana Guerrero, designada como viceministra de las Juventudes, no sería un hecho aislado, sino parte de una práctica extendida dentro de la institución, según testimonios recogidos por Caracol Radio.

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Un exempleado de la Fundación Universitaria San José, cuya identidad permanece reservada, relató al medio citado que la entrega de diplomas sin la presentación previa del examen Saber Pro era una situación conocida entre los empleados.

De acuerdo con su testimonio, los estudiantes que finalizaban sus materias podían obtener el título profesional si firmaban una carta de compromiso en la que se obligaban a presentar la prueba en el futuro.

“Era algo frecuente. Se entregaban diplomas sin el Saber Pro, con la promesa de presentarlo después. El caso de Guerrero no fue el único”, afirmó el exempleado.

No existía, según su versión, un mecanismo de seguimiento que garantizara el cumplimiento de ese compromiso, lo que abría la puerta a la expedición de títulos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La gravedad de estas prácticas se evidencia en la normativa colombiana, que exige la aprobación del Saber Pro como condición indispensable para graduarse en la educación superior.

Ratifican que entregar títulos sin este requisito constituye un fraude y da lugar a la expedición de documentos falsos.

A pesar de ello, el exfuncionario insistió en que en la Fundación Universitaria San José bastaba con comprometerse ante el entonces secretario general, Luis Carlos Gutiérrez, para obtener el diploma.

El caso de Laura Julieth Martínez Morales ilustra la magnitud del problema. Martínez, reconocida como influenciadora afín al gobierno de Gustavo Petro y contratada en 2024 por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), presentó inicialmente su hoja de vida como bachiller el 3 de julio de 2024.

Dos días después, el 5 de julio, ya contaba con un diploma de Ingeniera Industrial expedido por la Fundación San José. La certificación de sus pruebas Saber Pro indica que presentó el examen el 7 de julio, es decir, después de la fecha de expedición del título.

Los expertos conusltados calificaron este procedimiento como ilegal, ya que la normativa exige aprobar el examen antes de recibir el grado. Con ese diploma, Martínez firmó un contrato por doce meses con un salario mensual de $8.450.000.

El exfuncionario entrevistado por Caracol Radio aseguró que situaciones como la de Juliana Guerrero y Laura Julieth Martínez eran recurrentes en la institución.

“Lo que pasó con Juliana Guerrero no es un tema aislado. La universidad graduaba personas simplemente porque le escribían una carta de compromiso diciendo algo similar a: ‘Ingeniero Luis Carlos, necesito graduarme’ y ya, nada más”, relató el extrabajador a la fuente.

Además, mencionó que, según su conocimiento, existían casos en los que se habrían pagado hasta $20.000.000 para obtener títulos, incluso de especialización, aunque aclaró que no disponía de pruebas documentales sobre estos pagos.

La respuesta del representante legal de la Fundación Universitaria San José, Francisco Pareja González, recogida por Caracol Radio, eludió las preguntas directas sobre la expedición de títulos sin el Saber Pro.

Pareja se limitó a defender la misión social de la institución y a destacar su compromiso con la calidad educativa, sin ofrecer explicaciones sobre las irregularidades señaladas.

En otro momento, Pareja explicó que la universidad implementa tres periodos académicos de dieciséis semanas cada uno por año, sumando un total de cuarenta y ocho semanas, y que solo descansan un mes al año, lo que permitiría a los estudiantes graduarse en dieciocho meses en carreras que normalmente requieren cinco años.

El escándalo se agravó cuando Francisco Pareja González denunció ante las autoridades al exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez por presuntos delitos de daño informático y obtención de documento público falso, y aseguró que tanto Gutiérrez como su equipo fueron retirados de sus cargos.