Elecciones presidenciales Colombia 2026| Qué proponen en materia de seguridad los candidatos

El programa Bogotá Cómo Vamos, dedicado al monitoreo de indicadores de calidad de vida y políticas públicas, presentó un análisis comparativo de las propuestas de seguridad de ocho aspirantes a la Presidencia de Colombia para 2026.

El estudio, difundido en su cuenta de Instagram, revisó los enfoques, cifras y ejes centrales que han expuesto ocho de los doce candidatos a lo largo de la campaña, mostrando diferencias y coincidencias en las estrategias para enfrentar el crimen organizado, la delincuencia común y el fortalecimiento de la justicia.

Paloma Valencia (Centro Democrático)

La senadora Paloma Valencia, figura principal de la oposición, propone un enfoque centrado en la prevención del delito y el fortalecimiento institucional.

Entre sus ejes destaca el aumento de presupuesto para la Fuerza Pública, con 30.000 militares y 30.000 policías adicionales, así como la incorporación de drones y ciberinteligencia.

Su agenda incluye la reactivación de la fumigación de cultivos ilícitos, militarización de zonas críticas y sanciones más estrictas para reincidentes y vándalos.

Además, plantea un sistema de justicia ágil basado en inteligencia artificial y la creación de 50 nuevas casas de justicia.

Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso)

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia apuesta por una estrategia híbrida que combina prevención y control.

Su plan destaca la recuperación de la inteligencia estratégica en los primeros 100 días, el fortalecimiento de capacidades operativas con 40.000 nuevos policías y la duplicación de los grupos Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal).

Propone también la intervención de cárceles existentes, la creación de cinco nuevos establecimientos penitenciarios y la liberación de 3.000 policías de funciones de custodia.

Al final, incorpora la justicia digital y planes territoriales focalizados en zonas de alto riesgo.

Iván Cepeda (Pacto Histórico)

Con un enfoque en la prevención del delito, el senador Iván Cepeda plantea una política de Paz Total (igual nombre que la del hoy presidente, Gustavo Petro) centrada en la memoria, los derechos de las víctimas y el diálogo territorial.

También destaca la continuidad del Acuerdo de Paz y la descentralización de la seguridad.

Su propuesta incluye el fortalecimiento de la seguridad humana con énfasis en las causas sociales de la violencia, inteligencia ambiental, controles en puertos y aeropuertos y la legalización del cannabis y la hoja de coca. No presenta cifras concretas para sus metas.

Santiago Botero (Romper el Sistema)

El empresario Santiago Botero promueve un modelo de control del delito con propuestas de endurecimiento institucional.

Plantea la selección meritocrática de jueces, la eliminación de rebajas de pena, la pena de muerte para ciertos delitos y la construcción de tres megacárceles.

Su plan incorpora una fuerza especial denominada “Templarios”, con 100.000 integrantes, y la posibilidad de convocar un referendo para modificar el código penal bajo conmoción interior.

Miguel Uribe Londoño (Partido Demócrata Colombiano)

El exsenador y directivo político propone reactivar la seguridad democrática con un enfoque de control del delito, rechazando negociaciones con grupos criminales.

Plantea recuperar la confianza ciudadana en la Policía y las Fuerzas Militares, el uso de tecnología, la aspersión de cultivos ilícitos con precisión y reformas legales para blindar jurídicamente a los uniformados.

Su propuesta no incluye cifras verificables, resaltó Bogotá como vamos.

Claudia López (Candidatura por firmas)

La exalcaldesa de Bogotá y exsenadora se enfoca en el control del delito, con propuestas para reformar el sistema de justicia, endurecimiento de sanciones y la creación de una gendarmería carcelaria.

Su plan contempla la articulación entre alcaldías y gobernaciones, la investigación y sanción de violencias basadas en género y la desclasificación legal del cannabis y la hoja de coca.

No se especifican metas cuantitativas tampoco.

Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria)

El abogado y empresario sostiene una agenda de control territorial y mano dura.

El cordobés propone recuperar el control del territorio en 90 días, neutralizar cabecillas, fumigar 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos, reducir la violencia a la mitad y construir siete megacárceles.

Su plan incluye la eliminación de la JEP y la creación de un bloque presidencial contra la corrupción, con metas concretas de recuperación de recursos y reducción de la violencia.

Sondra Macollins (“La Abogada de Hierro”)

La abogada centra su propuesta en el control del delito y la delincuencia común.

La vallecaucana plantea la creación de un centro de comando con inteligencia artificial bajo la Presidencia, la identidad digital universal y el cruce masivo de bases de datos para la detección automática del crimen.

Por último, propone una fiscalía bajo el Ejecutivo con funciones solo investigativas, un sistema penitenciario especial y programas de empleo transicional para reclusos.

Carlos Caicedo

El exgobernadora de Magdalena presentó sus propuestas en materia de seguridad, centradas en el fortalecimiento de la fuerza pública y la descentralización del manejo del orden público hacia las regiones.

Caicedo plantea aumentar el número de policías y soldados para garantizar presencia suficiente en los territorios más afectados por la criminalidad, con el objetivo de enfrentar de manera más directa a las estructuras delincuenciales y recuperar la tranquilidad en las regiones.

Según el candidato, contar con batallones y efectivos policiales suficientes permitirá una respuesta más efectiva ante el avance de la delincuencia.

Caicedo también propone mejorar los salarios de policías y militares como estrategia para combatir la corrupción interna, argumentando que una mejor remuneración ayuda a reducir el riesgo de sobornos e infiltración criminal dentro de la fuerza pública.

Asimismo, plantea que las autoridades locales puedan liderar cuerpos policiales adaptados a las necesidades específicas de cada territorio, lo que facilitaría una reacción más ágil y focalizada frente a las problemáticas que enfrenta cada región.

Roy Barreras

El candidato presidencial lanzó un ambicioso plan de seguridad enfocado en la transformación tecnológica y estructural de la vigilancia urbana en Colombia.

Durante el foro “Capitales que Construyen”, Barreras resaltó la necesidad de enfrentar la delincuencia en las calles y planteó una modernización profunda del sistema de seguridad.

Entre las principales propuestas destaca la implementación de 10.000 drones inteligentes conectados a centros de monitoreo, con el objetivo de vigilar en tiempo real barrios y zonas comerciales.

Además, Barreras propone que todos los establecimientos comerciales y las viviendas nuevas de más de tres pisos integren de manera obligatoria sus cámaras de seguridad con los sistemas estatales y los drones equipados con inteligencia artificial.

Barreras también propone una reforma a la justicia que priorice la seguridad de las familias y evite la reincidencia, asegurando que los capturados permanezcan tras las rejas cuando corresponda.

En materia penitenciaria, Barreras plantea la liquidación del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), entidades a las que califica de ineficientes.

En su reemplazo, propone la creación de un Nuevo Sistema Nacional Penitenciario, basado en cárceles formativas y productivas, donde los condenados trabajen y produzcan lo que consumen, contribuyendo así a su resocialización y al bienestar de sus familias.

Gustavo Matamoros (Partido Ecologista)

El general en retiro Gustavo Matamoros ha delineado una estrategia de seguridad que rechaza de manera categórica cualquier tipo de negociación con grupos armados ilegales.

En declaraciones a Noticias Caracol afirmó que en su eventual gobierno no habrá espacio para la “paz total” ni para diálogos con insurgencias, argumentando que el modelo de conversación ha sido aprovechado por los grupos ilegales para fortalecerse y rearmarse.

El eje central de su política de seguridad es la aplicación de una ley de sometimiento estricta. Según Matamoros, quienes no se acojan a las condiciones impuestas por el Estado deberán ser sometidos por la fuerza.

El candidato sostiene que la seguridad es la base para cualquier otra actividad y desarrollo en el país.

Matamoros introduce un concepto diferencial en su programa, al plantear que el país debe abordarse como “cinco Colombias”: la urbana, la productiva, la fronteriza, la abandonada y la sujeta a la violencia. Para cada una de estas realidades propone políticas específicas, bajo la premisa de que las necesidades y desafíos difieren sustancialmente en cada región.

Mauricio Lizcano

El candidato formuló una estrategia de seguridad basada en la combinación de mano dura, tecnología y desarrollo social.

Entre sus propuestas destacan el bloqueo de llamadas extorsivas desde cárceles, el fortalecimiento del Gaula y la creación de una aplicación para denuncias inmediatas, con el objetivo de proteger de forma real al ciudadano frente a la extorsión.

Lizcano impulsa la cooperación internacional, promoviendo alianzas con Estados Unidos, Israel, países vecinos y organismos como Interpol, bajo el argumento de que el crimen es global y la respuesta también debe serlo.

Su plan para enfrentar el crimen organizado incluye la conformación de bloques de búsqueda integrados por Policía, Ejército, tecnología de punta y cooperación internacional, orientados a desarticular las estructuras criminales.