El contralor advirtió sobre deterioro crítico de las EPS bajo intervención estatal: “Estábamos mejor cuando estábamos peor”

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que el deterioro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo intervención estatal ha alcanzado una gravedad inédita y alertó que la falta de transparencia financiera en Nueva EPS, la mayor aseguradora del país, agrava el riesgo sobre la atención sanitaria de más de 11 millones de ciudadanos.

Rodríguez exigió públicamente la entrega de los estados financieros certificados que la entidad debe por las vigencias 2024 y 2025, recalcando que esta opacidad impide tanto el control institucional como la garantía de buen uso de los recursos públicos, según declaró en entrevista con Semana.

De acuerdo con el contralor, la verificación realizada por la Contraloría General de la República identificó un faltante de $4,9 billones de pesos en reservas técnicas y de 13,6 billones de pesos en anticipos pendientes de legalizar en Nueva EPS, cifras que reflejan un perfil financiero crítico.

Para Rodríguez, operar en estas condiciones “constituye una violación flagrante de los principios de transparencia fiscal y es el reflejo de un desgobierno corporativo crítico”.

Las EPS intervenidas concentran actualmente más de la mitad de la población colombiana afiliada al sistema de salud. Desde la asunción del Gobierno, la Superintendencia Nacional de Salud asumió la gestión directa de estas entidades, quedando obligada a asegurar su sostenibilidad financiera y la continuidad de los servicios.

Rodríguez explicó que, lejos de lograr una estabilización, “el modelo actual de intervención forzosa a las EPS ha profundizado su deterioro crítico y sostenido”, hasta el punto de advertir: “estábamos mejor cuando estábamos peor”.

Indicadores como los del sistema Fénix, utilizados por la Superintendencia para monitorear a las EPS intervenidas, muestran un agravamiento progresivo de la situación, con un impacto directo en millones de usuarios.

El seguimiento de la Contraloría identificó que el 100% de las EPS intervenidas operan por debajo de los umbrales financieros mínimos exigidos para funcionar con normalidad.

Según el informe oficial, la situación limita la capacidad operativa de las redes de prestadores —tanto públicas como privadas— al punto de llevarlas a cerrar servicios o suspender la atención por falta de pagos y flujo de recursos, generando así graves barreras de acceso para la ciudadanía.

Un caso representativo es el de Emssanar EPS, que solo alcanza el 4,4% en el cumplimiento de fallos judiciales (tutelas) relacionados con el derecho a la salud.

La Contraloría atribuye la responsabilidad fiscal de esta crisis tanto a los administradores de las EPS intervenidas como a las autoridades de inspección, vigilancia y control, encabezadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Para Rodríguez, la omisión en la adopción de medidas eficaces para revertir el deterioro financiero implica una “responsabilidad compartida y concurrente”.

Rodríguez subrayó la gravedad que implica que Nueva EPS, con más de 11,6 millones de afiliados y responsable del aseguramiento de más del 20% de la población nacional, funcione en ausencia total de información financiera certificada.

“Esto significa que está operando a ciegas”, afirmó. Esta situación “limita la posibilidad de fiscalización y pone en duda el destino de los recursos destinados a la atención de millones de colombianos”.

Al no contar con información financiera validada, se imposibilita la gestión eficiente de los recursos y la transparencia en el manejo de las cuentas, lo que abre la puerta a cuentas, obligaciones o cifras no registradas ni identificadas por la entidad.

En esta situación, cualquier fallo operativo o financiero de Nueva EPS supondría la discontinuidad inmediata de atención médica a millones de personas, ya que ninguna otra EPS cuenta actualmente con la capacidad de asumir su volumen de usuarios.

El contralor Rodríguez detalló que otras EPS bajo intervención exhiben deterioros graves desde la entrada en manejo estatal. En el caso de Coosalud, el patrimonio pasó de -0,48 a -3,7 billones de pesos y la deuda total creció 237%, una señal de insostenibilidad que ya restringe la garantía de atención a sus afiliados por falta de pago a prestadores.

Famisanar, por su parte, dejó de registrar utilidades, al pasar de de un resultado positivo del 1% al inicio de la intervención a una pérdida del 14% y a un patrimonio de -3,3 billones de pesos en 2025. El índice de endeudamiento se cuadruplicó hasta 4,08, según los datos de la Contraloría. Rodríguez exigió explicaciones técnicas tanto a la Superintendencia como a los interventores designados.

En cuanto a Savia Salud, la trayectoria pone de manifiesto un incremento en el nivel de endeudamiento de 4,41 a 11,73, lo que lo sitúa muy por encima de cualquier rango aceptable para la operación financiera de una EPS.

Este endeudamiento creciente incrementa la presión sobre la sostenibilidad operativa y eleva la probabilidad de interrupciones en la prestación de servicios.

La reciente solicitud de Daniel Quintero, superintendente de Salud, para la renuncia de seis interventores de EPS, fue considerada insuficiente por la Contraloría para afrontar la magnitud de la crisis.

“No basta únicamente con el cambio de interventores”, afirmó Rodríguez, quien remarcó la necesidad de decisiones apoyadas en análisis de información oportuna y en el seguimiento riguroso de indicadores de gestión.

El propio superintendente Quintero defendió que la situación financiera de las EPS demuestra la urgencia de una reforma estructural al sistema de salud.

Rodríguez respondió que esa atribución recae exclusivamente en el Congreso y en el Ejecutivo, los cuales deben garantizar tanto la continuidad y calidad del servicio como el cumplimiento de los umbrales financieros mínimos por parte de todas las EPS, sean intervenidas o no.

El presidente Gustavo Petro propuso recientemente retirar la licencia de operación a las EPS en crisis, como alternativa a su liquidación, lo que trasladaría los pasivos a manos del Estado. Sobre esta alternativa, Rodríguez opinó que cualquier medida debe desarrollarse estrictamente en la ley y ser producto de un análisis integral que contemple sus consecuencias jurídicas, financieras y sociales.

La crisis de las EPS bajo intervención estatal en Colombia revela que las debilidades en el control, transparencia y gestión financiera no solo persisten, sino que se han profundizado, lo que amenaza el derecho a la salud de millones de colombianos y pone en cuestión la sostenibilidad del sistema.