María Fernanda Cabal anunció que demandará el nombramiento de exparamilitares como gestores de paz: “En defensa del estado de derecho”

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció este martes, 23 de septiembre de 2025, su decisión de presentar una demanda de nulidad contra la Resolución 327 de 2025, que designa a varios exparamilitares como gestores de paz en Colombia.

La legisladora comunicó su postura a través de un mensaje en su cuenta en X, en la cual cuestionó abiertamente la legalidad de esos nombramientos y las consecuencias para el Estado de derecho.

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En su publicación, Cabal afirmó: “Le anuncio al país que, en defensa del Estado de Derecho y de las víctimas del mal llamado paramilitarismo, presentaré demanda de nulidad contra la Resolución 327 de 2025, mediante la cual se designa como gestores de paz a varios exparamilitares”.

La senadora sostuvo que, desde su perspectiva, la Ley de Paz Total no le otorga facultades al presidente Gustavo Petro para nombrar como gestores de paz a personas que ya han sido desmovilizadas y condenadas por otros procesos judiciales.

De acuerdo con la senadora, estos movimientos pueden tener un impacto directo en las víctimas de grupos armados.

“No permitiremos que, bajo el pretexto de la paz, se revictimice a los colombianos que aún esperan verdad, justicia y reparación”, escribió Cabal en su mensaje de X, donde expresó su preocupación por la falta de garantías de reparación y verdad completas para quienes han sido afectados por el conflicto.

La designación reciente de excombatientes como gestores de paz, en cumplimiento de la Resolución 327 de 2025, abrió un nuevo debate nacional sobre los límites legales y éticos de la figura de gestor de paz en Colombia.

La Ley de Paz Total, promovida por el Gobierno, tiene como eje la búsqueda de alternativas para la negociación y la desarticulación de organizaciones armadas, aunque voces del Congreso, como la de Cabal, advierten sobre posibles vacíos en la aplicación de estas medidas.

Indignación causó los nombramientos de Gustavo Petro a 16 ex jefes paramilitares como gestores de paz

El presidente Gustavo Petro formalizó la designación de 16 exintegrantes de grupos paramilitares como gestores de paz a través de la resolución 327 de 2025.

La decisión busca avanzar en el proceso de cierre de la desmovilización que inició en 2005, de acuerdo con la Ley de Justicia y Paz.

Entre los nombrados como gestores de paz figuran antiguos miembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia como Salvatore Mancuso, Jorge Tovar Pupo alias Jorge 40, Hernán Giraldo, Carlos Mario Jiménez alias Macaco y Freddy Rendón alias El Alemán. Todos ellos asumirán funciones puntuales hasta el 6 de agosto de 2026, en el marco de la política de Paz Total.

Según la resolución, los gestores deberán presentar un plan de trabajo ante el Ministerio del Interior y participar activamente en las gestiones requeridas por la justicia. Además, están obligados a entregar informes periódicos tanto a esa cartera como a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Entre sus responsabilidades, los designados colaborarán con el diseño de mecanismos para promover la verdad y la reparación, un elemento que el comisionado para la paz, Otty Patiño, calificó como esencial.

“El rol de los gestores de paz buscará responder al diagnóstico oficial sobre los avances de cada uno de estos procesos”, explicó Patiño.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, detalló que los gestores deben contribuir a la reconstrucción del tejido social, fortalecer la búsqueda de la verdad, apoyar los procesos judiciales y avanzar en acciones de reparación. Benedetti recalcó que la “verdad y la reparación” son los ejes fundamentales para los exparamilitares involucrados.

El Gobierno aclaró que esta designación no genera cambios en el estatus jurídico de los excombatientes ni en sus regímenes de libertad.

Fundamentado en la Ley de Justicia y Paz de 2005, el nombramiento abre el debate en torno a la legitimidad y la efectividad de estas figuras en la transición hacia la reconciliación nacional. Dicha ley otorgó beneficios judiciales a quienes cooperaran activamente con la verdad, la reparación y la no repetición de hechos violentos.